A poco de producirse el anuncio de la condena a muerte contra Saddam Hussein, la organización Human Rights Watch lanzó un reclamo hacia el gobierno de Bagdad para que no ejecute al dictador iraquí. El organismo de derechos humanos consideró, en su declaración, que el juicio por crímenes de lesa humanidad contra el ex mandatario fue “profundamente defectuoso”.
“Imponer la pena de muerte, indefendible en cualquier caso, está especialmente mal luego de procedimientos tan injustos”, aseveró el director del programa internacional de justicia de Human Rights, Richard Dicker. Además, el funcionario sostuvo que “una decisión judicial sea primero anunciada por el asesor de seguridad nacional iraquí subraya la interferencia política que dañó el juicio a Saddam Hussein”.
Human Rights no fue el único organismo que se expidió sobre la medida contra Saddam. También la Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos (FIDH) le pidió al presidente iraquí, Jalal Talabani, que ordene una moratoria de la condena de muerte.
El organismo instó a las autoridades a que no firmen la sentencia de muerte ratificada hoy por el Tribunal de Casación y expresó sus dudas de que el dictador haya tenido un juicio “equitativo” y subrayó “su oposición a la pena de muerte, en cualquier circunstancia y lugar”. La FIDH recordó que la pena capital es “contraria a la dignidad humana” y que su efecto disuasorio “jamás ha sido establecido”.
El dictador fue sentenciado a muerte en la horca en noviembre pasado, tras un juicio que duró más de un año, y en el que se lo acusa por ordenar la ejecución de 148 civiles chiítas en el pueblo de Dujail, al norte de Bagdad, tras un intento de asesinato en 1982. Un panel de jueces iraquíes rechazó su apelación y ratificó hoy la sentencia, medida que entonces dispone que Hussein sea ahorcado dentro de los próximos treinta días.