Investigan posibles conexiones del Lava Jato en siete países

La organización Transparency International (TI) anunció esta semana que inició una investigación independiente en siete países latinoamericanos para determinar si las empresas constructoras acusadas en el escándalo brasileño del Lava Jato montaron esquemas de corrupción similares al que se sospecha en Brasil en otras naciones. La ONG global anticorrupción revisará las obras públicas adjudicadas a las compañías vinculadas al caso Petrobras en Argentina, Chile, Venezuela, Perú, Panamá, Guatemala y República Dominicana.
TI detalló que estudiará “si las empresas están siguiendo el mismo modelo de pago de sobornos y acuerdos de cártel en otros países donde tienen operaciones significativas”. A través de sus delegados en los diferentes países, la organización ya envió solicitudes formales a los gobiernos para que entreguen información sobre los contratos adjudicados a las empresas en los últimos diez años.
Si la revisión detecta irregularidades o abre sospechas sobre cartelización de las obras o influencias políticas indebidas –como ya ocurrió en Venezuela, donde TI observó “contabilidad opaca” en obras adjudicadas a cuatro de las compañías investigadas en Brasil–, transmitirá sus conclusiones a las autoridades para que abran investigaciones públicas.
En el caso de la Argentina, la ONG ya reclamó la información pertinente al gobierno nacional. Pablo Secchi, director de Poder Ciudadano y representante argentino de TI, dijo a PERFIL que la solicitud fue presentada ante los ministerios de Planificación y del Interior y Transporte, así como ante el Ministerio Público Fiscal. Las 23 empresas sobre las que se requirieron informes son Alusa, Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa, Carioca Engenharia, Construcap, Egesa, Engevix, Fidens, Galvão Engenharia, GDK, IESA, Jaraguá Equipamentos, Mendes Junior, MPE, OAS, Odebrecht, Promon, Queiroz Galvão, Setal, Skanska, Techint, Tomé Engenharia y UTC.
En paralelo, la Auditoría General de la Nación también está “considerando” una solicitud para auditar obras que pudieran dar cuenta de una eventual conexión argentina del Lava Jato.