“Los golpes de Estado están mal, afectan a la gente, al futuro, a la democracia. Estoy sorprendido con Occidente. No han podido decir ‘golpe de Estado’”, embistió la semana pasada el primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan. Paradójicamente, las palabras del islamista desnudaron el doble discurso de la mayoría de los regímenes democráticos: el mundo, salvo contadas excepciones, no cuestionó el golpe de Estado en Egipto que derrocó a Mohamed Morsi. Esa actitud fue compartida por los Estados Unidos, Europa, países de América latina y Medio Oriente. Salvo Turquía y la Unión Africana, que suspendió a Egipto, la gran mayoría de los países adoptó una postura cautelosa, pidió que cese la violencia y llamaron a nuevas elecciones.
Ninguna organización internacional respaldó la vuelta al poder de los Hermanos Musulmanes. Washington dijo que “22 millones de personas” protestaron contra el gobierno de Morsi, intentado legitimar el golpe. El presidente norteamericano Barack Obama no llama al golpe por su nombre porque, en caso de hacerlo, debería interrumpir, según lo estipula la Foreign Assistance Act, la ayuda a los militares egipcios, aliados clave de Washington para la estabilidad de Medio Oriente.
Por el contrario, el Pentágono aprobó esta semana la venta de cuatro cazas F-16 a El Cairo, según un calendario establecido antes de los recientes cambios políticos. El nuevo gobierno interino de Egipto agradeció la “comprensión” de la Casa Blanca, que cada año asiste militarmente a las Fuerzas Armadas egipcias con 1300 millones de dólares.
Otro que guardó silencio y no condenó el golpe fue Israel, que veía con preocupación la creciente hostilidad de los Hermanos Musulmanes. Según informó esta semana el diario Haaretz, el gobierno de Benjamin Netanyahu le pidió a los Estados Unidos que no recorte su ayuda militar al Ejército de Egipto, al que también ve como garante de la paz social en la frontera israelí.
Por su parte, la Unión Europea (UE) también evitó calificar de golpe el proceso que culminó con la detención de Morsi y anunció que no suspenderá las ayudas económicas a El Cairo, en sintonía con Washington.
En tanto, la situación resultó más curiosa en América latina, donde Uruguay y Venezuela cuestionaron el golpe, Argentina y Brasil mantuvieron una posición intermedia y el resto no se pronunció. “Uruguay rechaza la ruptura del orden institucional acaecida en Egipto”, expresó en un comunicado el gobierno de José “Pepe” Mujica. “Nadie puede derogar una Constitución”, opinó Nicolás Maduro.
Si bien la Cancillería argentina emitió un comunicado el 3 de julio, cuando se perpetró el golpe, en el que sostuvo que “sigue con preocupación los acontecimientos en Egipto que han llevado a la interrupción del proceso democrático”, no calificó abiertamente lo que sucedió como un golpe de Estado ni tampoco rechazó al gobierno de transición, liderado por los militares. Una de las razones para la cautela es la relación comercial con El Cairo, que en 2012 generó exportaciones por 1037 millones de dólares e importaciones por 49 millones, según datos de la Cámara de Comercio Argentino Árabe. Los negocios, nuevamente, se impusieron a los principios.
