La infanta Cristina de España, hermana del rey Felipe e hija de Juan Carlos, podrá ser juzgada por dos delitos de fraude fiscal vinculados al “Caso Nóos”, una compleja trama de malversación de fondos públicos en la que está imputado su esposo, Iñaki Urdangarín. Según las leyes españolas, Cristina podría enfrentarse a una pena de hasta seis años de cárcel.
Tres jueces de Palma de Mallorca, en las Islas Baleares, dejaron a Cristina de Borbón libre de la acusación de blanqueo de capitales -la más grave que pesaba contra ella- pero anunciaron que mantienen la imputación por colaboración en dos delitos de fraude fiscal en los años 2007 y 2008. A partir de ahora, el juez encargado del caso, José Castro, podría lograr que Cristina sea el primer miembro de la monarquía española en llegar al estrado de un tribunal como acusada.
En el sumario están imputados Urdangarin y su exsocio, Diego Torres, por la presunta desviación entre 2004 y 2007 de 6,1 millones de euros de fondos públicos -de los gobiernos autonómicos de Islas Baleares y Valencia- a través del Instituto Nóos, una supuesta ONG. Según la investigación, los ingresos procedentes del lucro obtenido a través de Nóos fueron ingresados en una sociedad llamada Aizoon, cuya propiedad compartían a partes iguales la infanta y su esposo. Castro sospecha que Aizoon era una pantalla para eludir pagos de impuestos.
De hecho, el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares anunció en un informe que considera “innegable e inobjetable” que la la infanta española, desde el momento en que fue copartícipe de una sociedad “ficticia” -en alusión a Aizoon-, contribuyó a defraudar al menos 120.000 euros a Hacienda y además “se benefició de ello”, con la compra de objetos para su casa, la falsificación de contratos de trabajo o el pago de vacaciones lujosas y otras actividades privadas, como clases de salsa para su marido o la compra de una vajilla de casi 3.000 dólares.
Según Ana María Tejeiro, esposa del exsocio de Urdangarin, si Aizoon y las empresas que Tejeiro compartía a su vez con su marido “eran simuladas”, por lo que, para la Justicia, “no hay duda que servían de instrumento o herramienta fiscal para ocultar las rentas obtenidas por sus maridos y en consecuencia para defraudar a hacienda, tanto en renta como en sociedades”. Cristina negó conocer las actividades financieras de su esposo en su declaración ante el juez Castro el 8 de febrero.
Los voceros del palacio de La Zarzuela, sede oficial del rey Felipe, expresaron su “respeto absoluto a la independencia judicial” tras la decisión de mantener la imputación de la hermana del rey, y dejó en sus manos la decisión de renunciar o no a sus derechos dinásticos. “Es una cuestión que le corresponde a ella”, ha indicado un portavoz, aunque existe el precedente de Luis Fernando de Borbón (1888-1945), a quien su tío, el rey Alfonso XIII, le retiró el título de “Infante de España” como una represalia por la mala conducta que llevaba, conducta que provocó incluso problemas diplomáticos y que lo llevaron a la cárcel.
Según el historiador español Amadeo Rey y Cabieses, citado por el diario ABC, “el rey puede revocar las dignidades nobiliarias por causa de indignidad. Es decir, el monarca puede declarar la indignidad de una persona para ostentar una merced nobiliaria”. Si bien Juan Carlos nunca le retiró a alguien un título nobiliario -ni siquiera al duque de Feria, encarcelado por abuso de menores-, correspondería a Felipe VI quitar los títulos reales a su hermana, que ocupa actualmente el sexto lugar en la sucesión al trono de España.
(*) Especial para Perfil.com
