Cristina de Borbón, hermana del rey Felipe VI de España, será juzgada el próximo 11 de enero acusada de fraude fiscal. Será la primera vez que un miembro de la familia real es juzgado desde la restauración de la monarquía española en 1975. Mientras tanto, su esposo, el vasco Iñaki Urdangarín, está acusado de blanqueo de dinero público y fraude.
El Tribunal Superior de Justicia de Baleares determinó que la pareja irá a juicio junto con otros 16 investigados, pese a que el matrimonio más impopular de la realeza europea afirmó una y otra vez su inocencia. De ser condenada, la hija del rey Juan Carlos podría afrontar hasta cuatro años de prisión. Urdangarin, en tanto, podría recibir una condena de hasta 19 años.
El juicio llegará casi 5 años después de que estallara el "Caso Nóos", que hizo temblar los cimientos de la monarquía española y propició, en parte, la abdicación de Juan Carlos, tras 38 años de reinado. La infanta fue apartada de la familia y de las actividades oficiales de la monarquía y, este año, el rey Felipe la despojó del título de Duquesa de Palma que le fue otorgado como "regalo de bodas" en 1997.
Urdangarin fue acusado de utilizar su posición dentro de la familia del rey para desviar alrededor de 6 millones de euros en contratos públicos a través de una fundación sin ánimo de lucro que crearon él y un socio comercial. Su esposa negó ante el juez José Castro tener conocimiento de las actividades ilegales Urgangarín pero no su defensa no fue suficiente: existen pruebas documentales de que ella avalaba determinadas prácticas fraudulentas.
"Los delitos contra la Hacienda pública que se imputan a Iñaki Urdangarin difícilmente se podían haber cometido sin, cuando menos, el conocimiento y la aquiescencia de su esposa por mucho que, de cara a terceros, mantuviera una actitud propia de quien mira a otro lado", dijo el juez en enero de 2014. "Yo no he intervenido en nada", aseguraba la infanta imputada durante su posterior declaración. "No me enteraba de nada. No sé los detalles", insistió en su defensa.
Por otra parte, el juez sostiene que Cristina de Borbón se benefició de los negocios ilegales de su marido, cuyos ingresos iban a "Aizoon", una empresa familiar formada con capitales provenientes de negocios con el Estado. El juez considera que existen "sobrados indicios de que doña Cristina ha intervenido, de una parte, lucrándose en su propio beneficio y, de otra, facilitando los medios para que lo hiciera su marido, mediante la colaboración silenciosa de su 50% del capital social, de los fondos ilícitamente ingresados en Aizoon".