El enfrentamiento entre la heredera de L'Oreal, la mujer má rica de Francia, y su hija trascendió el ámbito judicial y alcanzó las más altas esferas del poder político, a la que el líder mundial de cosméticos está vinculado desde su fundación. Públicamente, todo comenzó en diciembre de 2007 cuando Francoise Bettencourt Meyers, de 57 años, única hija de Liliane Schueller y del difunto André Bettencourt, entabló una demanda contra el fotógrafo Francois Marie Banier, protegido de su madre, al que acusó de aprovecharse de ella para sacarle cientos de millones de euros en donaciones.
Banier, de 63 años, y a quien la revista Paris Match presenta como "el dandy que provocó un escándalo de Estado", debía ser juzgado en julio por "abuso de debilidad", pero tan sólo semanas antes, salieron a la luz elementos que pusieron en evidencia las ramificaciones de un asunto familiar. Furioso de ver a cómo algunos "cortesanos" abusaban de la generosidad de la señora de la casa, su mayordomo grabó conversaciones entre ésta y sus asesores, como Patrice de Maistre, gestor de su fortuna, en las que hablan de evasión fiscal y de los vínculos con el ministro francés de Trabajo, Eric Woerth, y su esposa Florence. Banier y Maistre fueron detenidos preventivamente el jueves en relación con esas grabaciones. A nombre de una fundación del primero figura una isla en las Seychelles adquirida por Liliane Bettencourt, de 87 años.
Además de tesorero del partido en el poder en Francia, UMP, y de la campaña a la presidencia de Nicolas Sarkozy, Woerth fue ministro de Presupuesto hasta marzo pasado mientras su esposa gestionaba parte de la fortuna de Bettencourt, la tercera de Francia, estimada en 16.000 millones de euros. A las grabaciones clandestinas se sumaron denuncias de la ex contable de Bettencourt según las cuales Maistre entregó 150.000 euros en efectivo a Woerth para financiar la campaña del actual jefe de Estado francés, una financiación política ilegal en Francia, donde supuestamente los particulares pueden donar como máximo 7.500 euros por año a un candidato.
"Según sus relatos, el mundo político francés debe mucho a los Bettencourt", afirmaba esta semana el diario francés Le Monde. Los vínculos entre L'Oreal y el poder político en Francia no son nuevos. La historia del líder mundial de cosméticos controlado en 31% por la familia Bettencourt se remonta a Eugene Schueller, padre adorado de Liliane, diplomado en química que en 1904 fundó L'Aureale y uno de los principales financistas de un movimiento clandestino de ultraderecha en los años 30. Schuessel sería más tarde admirado por André Bettencourt, su yerno, a quien su hija había conocido en Suiza finalizada la Segunda Guerra Mundial. Bettencourt era amigo de Francois Mitterrand, quien hasta su muerte tendría un servilletero propio en la mesa de los Bettencourt en Neuilly.
Fue Eugene Schuessel quien creó la tintura para el pelo, popularizó el champú y fabricó el primer bronceador de una empresa convertida hoy en día en líder mundial de cosméticos presente en 130 países a través de 23 marcas, entre éstas Lancome, Garnier y The Body Shopy pero también Giorgio Armani, Yves Saint Laurent y Diesel. Bettencourt, senador, diputado y varias veces ministro, también tenía sombras en su pasado, como sus artículos en apoyo a la política colaboracionista del regimen pro-nazi del mariscal Vichy. La estrategia comercial que L'Oreal emprendió en 1950 fue acompañada del "arte de llevarse bien con el Estado", subraya "Le Modele L'Oreal, las estrategias claves de una multinacional francesa" publicado en 2009.
Liliane Bettencourt, que según la prensa paga 40 millones de euros anuales de impuestos, recibió del fisco en 2008 un reembolso de unos 30 millones de euros por el llamado "escudo fiscal", un dispositivo que permite a los contribuyentes no pagar más del 50% de sus ingresos, que en la práctica beneficia a las grandes fortunas. "No quiero que L'Oreal se vaya a otro país", enfatizó Sarkozy -criticado por sus amistades en el mundo de las finanzas- tras defender una polémica reforma del sistema de jubilaciones presentada por su ministro de Trabajo, que aumenta a 62 años la edad para jubilarse y a 67 la edad para cobrar una pensión completa promedio de 1.100 euros mensuales.
(*) De la redacción de AFP.