El Consejo Constitucional francés validó ayer las medidas clave de la impopular reforma de las pensiones del presidente Emmanuel Macron, desatando una respuesta inmediata de rechazo en las calles tras meses de protestas. El anunció fue acogido con abucheos por cerca de 3 mil manifestantes congregados frente a la Alcaldía de París.
El Constitucional validó el retraso de la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y la exigencia de cotizar 43 años, y no 42, a partir de 2027 para cobrar una pensión completa, pese al constante rechazo desde enero de los sindicatos y de una mayoría de franceses, según los sondeos.
El mandatario, de 45 años, podría promulgar la ley “mañana [sábado] o pasado mañana” como “suele hacer”, indicó la Presidencia francesa, aunque los sindicatos le urgieron en un comunicado a no hacerlo, como “única manera de calmar la ira expresada en el país”. La oposición, tanto de izquierda, ultraizquierda y ultraderecha, también se lo pidió.
“La entrada en vigor de esta reforma marcará la ruptura definitiva entre el pueblo francés y Emmanuel Macron”, advirtió la líder ultraderechista Marine Le Pen, a quien la crisis actual beneficia en los sondeos. “Temo un estallido social”, dijo por su parte el jefe del Partido Comunista, Fabien Roussel.
Los nueve “sabios” del Consejo Constitucional rechazaron además una solicitud de la oposición de izquierda de convocar a un referendo para limitar la edad de jubilación a 62 años.
Aunque anuló partes de la reforma, la validación de los puntos clave de la ley reconforta al gobierno.
“Esta tarde, no hay ni vencedores ni vencidos”, tuiteó la primera ministra Élisabeth Borne tras conocerse la decisión favorable para su gobierno.
1º de mayo. Muchos franceses y expertos auguraban una decisión parcialmente favorable del Constitucional. La relación de fuerzas de sus nueve miembros –escogidos por los presidentes de Francia y de las dos Cámaras del Parlamento– beneficiaba también a Macron.
Sin embargo, el rechazo de Referendo de Iniciativa Compartida (RIP, por sus siglas en francés) cayó como un jarro de agua fría a los adversarios de la reforma. Pero la oposición de izquierda, que presentó dicha propuesta, ya se lo esperaba de algún modo y el jueves presentó una segunda demanda de RIP con una formulación diferente y, a su juicio, con más posibilidades de prosperar.
El Consejo Constitucional comunicará su decisión sobre ésta el 3 de mayo, indicó en un comunicado.
Los sindicatos convocaron para dos días antes una “movilización excepcional”, con motivo del Día Internacional de los Trabajadores el 1º de mayo, y advirtieron que no se reunirán ni con Macron ni con el gobierno antes de esa fecha. Unas horas antes de conocerse la decisión, el mandatario propuso a los sindicatos franceses una reunión el martes, como “el inicio de un ciclo que continuará las próximas semanas”.
Las centrales son la punta de lanza desde el inicio de las protestas en enero. El 7 de marzo lograron movilizar entre 1,2 y 3,5 millones de personas, según las autoridades y la CGT, respectivamente, pero las marchas son menos concurridas desde entonces.
Tras el dictamen de ayer, esperan reavivar el movimiento que, desde mediados de marzo, se caracterizó también por acciones puntuales de protesta, entre ellos bloqueos de acceso a ciudades como el registrado este viernes en Ruán, en el noroeste del país.
“Mantener el rumbo”. La incertidumbre planea ahora sobre cómo el gobierno de Macron conseguirá reconducir un conflicto social enquistado. El mandatario está acusado de haber creado una “crisis democrática” al decidir el 16 de marzo adoptar por decreto su reforma, ante el temor de perder la votación en el Parlamento donde carece de mayoría absoluta.
Con esta ley, que según el gobierno busca evitar un futuro déficit en la caja de las pensiones, también se jugaba poder aplicar su programa reformista durante su segundo mandato hasta 2027.
“Mantener el rumbo, ese es mi lema”, dijo ayer Macron durante una visita de las obras de restauración de la catedral de Notre-Dame en París.
