dpa/ap/afp
Desde Caracas
La Justicia de Venezuela rechazó ayer el pedido de excarcelación bajo fianza formulado por la defensa del dirigente antichavista Leopoldo López, preso desde el 18 de febrero y acusado por el gobierno de Nicolás Maduro de haber instigado hechos de violencia durante protestas opositoras.
El Tribunal Supremo de Justicia informó a través de su página web que la Corte de Apelaciones de Caracas “declaró sin lugar el recurso de apelación” presentado por los abogados de López, señalado como “determinador (autor intelectual) en incendio intencional, instigación pública, daños y asociación para delinquir”.
La defensa del ex alcalde opositor había impugnado la decisión de un tribunal de Caracas que formalizó la prisión del líder del partido Voluntad Popular, quien se entregó voluntariamente hace más de un mes. En una nota distribuida ayer a la prensa, el TSJ subrayó que “la solicitud había sido consignada por sus abogados defensores” y que el recurso “fue introducido en contra de la decisión dictada por el Tribunal 16 en funciones de Control de Caracas”.
López, considerado uno de los opositores más radicales al gobierno de Maduro, es acusado por una supuesta participación activa en los hechos violentos ocurridos ante la sede principal del Ministerio Público tras la marcha opositora del 12 de febrero, que dejó un saldo de tres muertos y más de 60 heridos en la capital venezolana. El fallo judicial determinó que, hasta que se presente la acusación contra el dirigente de Voluntad Popular, éste deberá permanecer detenido en la cárcel militar de Ramo Verde, en el estado de Miranda.
El rechazo de la apelación implica que por ahora se mantienen los delitos que se imputaron al principio del proceso penal. El líder opositor comparte la prisión con otros dos alcaldes detenidos por presunta instigación a la violencia: el de San Cristóbal (Táchira), Daniel Ceballos, y el de San Diego, Enzo Scarano.
El partido de López reiteró ayer que no se sumará al diálogo convocado por el gobierno de Maduro hasta que su líder sea puesto en libertad. Para sus dirigentes, la detención de López forma parte de una persecución política. El chavismo, en cambio, asevera que tiene pruebas que demuestran que López estuvo detrás de un intento desestabilizador.
En tanto, la Justicia venezolana informó ayer que 37 personas murieron desde que estallaron las protestas hace un mes y medio, mientras que 559 resultaron heridas y 168 están detenidas. La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, comunicó en una conferencia de prensa la evolución de los hechos violentos registrados durante las protestas contra el gobierno de Maduro. “Hasta la presente fecha tenemos 81 investigaciones por presunta violación a los derechos humanos”, declaró la funcionaria. Además, comentó que “hay 17 funcionarios de los cuerpos policiales y militares privados de libertad, tres con medidas cautelares y sustitutivas de libertad y siete con órdenes de captura que aún no se han efectivizado”.
Entre los delitos imputados a los detenidos figuran homicidio, instigación pública e instigación a delinquir.
