La Justicia española pide la captura internacional de Carles Puigdemont

El Estado español dio ayer un nuevo zarpazo al cada vez más debilitado proyecto independentista catalán. La jueza Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional, libró una orden de búsqueda y captura nacional e internacional contra el presidente depuesto de la Generalitat, Carles Puigdemont, principal figura política de la coalición secesionista de Cataluña. La magistrada envió una copia del pedido de arresto a la fiscalía federal de Bélgica, donde Puigdemont está refugiado desde hace una semana. Una vez que las autoridades belgas reciban y ejecuten la solicitud, el eventual trámite de extradición a España podría demorarse más de dos meses.

La jueza Lamela decidió pedir la captura internacional de Puigdemont y de cinco ex consellers del Govern catalán luego de que esta semana desoyeran una citación judicial para declarar como imputados por los presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos. El eje central de la acusación contra Puigdemont es que éste insistió en organizar un referéndum por la independencia a pesar de que, en 2015, el Tribunal Constitucional de España había declarado la nulidad del procés.

Según la magistrada, los líderes independentistas que organizaron la consulta popular “promovieron y utilizaron la fuerza intimidatoria y violenta de los sectores independentistas de la población, llamando a la insurrección y desafiando el ordenamiento constitucional”.

Pocas horas antes de que se librara el pedido de captura, la televisión pública belga transmitió una entrevista grabada con Puigdemont en la que éste aseguró que está “dispuesto a ser candidato incluso desde el extranjero” en las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre. Otro volantazo político del líder catalán, quien siempre había asegurado que no se presentaría a la reelección y quien se había negado a convocar a unos comicios finalmente decretados por el gobierno central de Mariano Rajoy (ver recuadro).

Por el momento, Puigdemont no planea regresar a España. Desde Bruselas, su abogado, Paul Bekaert, dijo esta semana que su caída en prisión “está cantada” si vuelve al país. Eso fue lo que les ocurrió al ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y a ocho ex consellers que sí se presentaron a declarar ante la Asamblea Nacional. Los arrestaron el mismo viernes. Las mujeres fueron trasladadas a la cárcel de Alcalá Meco y los varones, a Estremera, una prisión “cinco estrellas” en las afueras de Madrid.

La fiscalía de Bélgica anticipó el jueves que ejecutará la orden de detención en cuanto la reciba. No obstante, el procedimiento de arresto efectivo de Puigdemont podría demorar semanas, al igual que su eventual extradición a España. En La Moncloa afirman que, por ahora, no hubo roces de ningún tipo con las autoridades belgas y que esperan colaboración total. Sin embargo, el caso Puigdemont plantea un dilema al gobierno de Bruselas: extraditar al líder catalán provocaría una minicrisis interna con los nacionalistas flamencos, aliados naturales de Puigdemont. Los gobiernos de ambos países se han esforzado en aclarar que la decisión correrá exclusivamente por la vía judicial.

Tras escapar de España, Puigdemont dejó entrever que lo hizo no sólo para eludir a la Justicia, sino también para “internacionalizar” la crisis secesionista y exponer ante la prensa mundial lo que él considera un proceder ilegítimo del gobierno de Rajoy y de los tribunales federales. Lo cierto es que su huida perjudicó a sus ex compañeros en el gobierno catalán: uno de los principales argumentos de la jueza para ordenar el arresto de Junqueras y los ocho ex consellers fue que otros funcionarios ya se habían profugado.

Así las cosas, la declaración unilateral de independencia hecha por el Parlamento catalán quedó prácticamente obsoleta. La intervención de la autonomía catalana decretada por Rajoy y las acciones judiciales contra los líderes del procés frustraron, al menos por el momento, las ambiciones independentistas. A Puigdemont sólo le queda reciclarse políticamente como un “mártir” exiliado.

Vila, el ‘moderado’ que se salvó de la cárcel
Santi Vila, uno de los ex consellers de la Generalitat catalana arrestados esta semana por orden de una jueza de la Audiencia Nacional, salió ayer de la cárcel luego de pagar una fianza de 50 mil euros. Vila es considerado un “moderado” que se desmarcó del gobierno independentista en el momento más álgido de la crisis secesionista.
La jueza Carmen Lamela redactó un auto particular para Santi Vila, diferente al de sus ex compañeros de la Generalitat, en el que recordó que el ex consejero de Empresa “desistió voluntariamente de proseguir con el proceso soberanista” el pasado 26 de octubre, “un día antes de que la declaración unilateral de independencia fuera votada en el Parlament”. Esa renuncia, que fue criticada por los soberanistas, “pone de manifiesto su voluntad contraria a consumar el intento secesionista”.  En atención a esas circunstancias particulares, la magistrada decidió imponerle una medida menos gravosa: prisión eludible con fianza. Ahora, Vila suena como candidato para los comicios del 21D.

El secesionismo ya piensa en el 21D
El gobierno de Mariano Rajoy ganó la pulseada. Las fuerzas políticas que integran la coalición independentista catalana ya actúan en función de las elecciones autonómicas convocadas por La Moncloa para el 21 de diciembre. Esos comicios eran inicialmente resistidos por el secesionismo. Sin embargo, ante la evidencia de que la intervención del gobierno central sobre Cataluña seguirá firme, los partidos nacionalistas han recalculado y ya preparan su estrategia para las urnas.
El propio Carles Puigdemont dijo ayer desde Bruselas que está dispuesto a ser candidato “incluso desde el extranjero”. A su vez, su partido PDeCAT presiona a sus aliados circunstanciales de Esquerra Republicana (ERC) para conformar una lista de unidad el 21D. “Es la hora de la generosidad. Busquemos soluciones, ni rifirrafes ni reproches”, pidió ayer Marta Pascal, jefa de las filas del PDeCAT, quien en los últimos días ha visto cómo su fuerza se debilitó por el arresto de varios de sus principales dirigentes.
La declaración de Puigdemont sobre su intención de postularse podría condicionar los planes de lista común, ya que en ERC y la CUP muchos resisten su liderazgo.