“Se ha incrementado el clima de conflictividad y agresión contra las personas defensoras de la tierra y el territorio”, y en perjuicio de funcionarios judiciales y militantes humanitarios que actúan para defender los derechos de indigenas, mujeres y ambientalistas en Guatemala, denunciaron desde Ginebra la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).
El aumento de las violaciones de los derechos humanos bajo cobertura de un Estado que mantiene las formalidades del sistema democrático de gobierno, se incrementó significativamente durante el periodo del anterior presidente Jimmy Morales (1/2016-1/2020), y continua con su actual sucesor, Alejandro Giammattei, quien utiliza el “mismo esquema” tendiente a “desmontar los espacios de protección de personas defensoras” del medio ambiente, y arteramente en detrimento de los pueblos originarios, cuyos descendientes constituyen el 65% de los 17 millones de habitantes con que cuenta hoy este país centroamericano.
La OMCT y la FIDH aportan abundantes pruebas de una “deuda sin saldar” y preconizan “el derecho a defender derechos”. Han documentado en 2020, “coincidiendo con el mandato de Alejandro Giammattei ... 1004 casos de agresiones a personas defensoras, superando el año 2014 que era considerado” el peor con “820 hechos de violencia”. Entre los del 2020 destacan 15 asesinatos, 22 intentos de asesinatos y la implementación de “una estrategia de criminalización” mediante “313 actos” de esta naturaleza “hacia defensores y defensoras de derechos humanos”, y 136 “contra colectivos, organizaciones y/o comunidades”.
Estas dos organizaciones defensoras de los derechos humanos de envergadura internacional, precisan que bajo la presidencia de Jimmy Morales, el gobierno había llevado a cabo “la expulsión del comisionado Iván Velásquez y del organismo que presidía, la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad de Guatemala (CICIG)”, concebida por Naciones Unidos, aceptada por Guatemala, y apoyada por los Estados Unidos, reacios a mantener la ayuda militar y el sostén financiero a un Estado con deficiente “independencia judicial” frente a la corrupción y la impunidad. A ello se suma la falta de resultados satisfactorios para resolver las secuelas del conflicto armado interno de regímenes conservadores y autoritarios, enfrentados con la guerrilla revolucionaria entre 1960 y 1996, que causó 200 mil muertos y 50 mil desaparecidos.
Durante los cuatro años del periodo de Jimmy Morales, en efecto, la OMCT y la FIDH afirman que “se dieron diferentes situaciones y contextos que agravaron” el debilitamiento de las oeneges, ante “la afrenta del gobierno contra cualquier persona simpatizante y defensora del derecho a vivir libres de corrupción e impunidad que encabezó la CICIG”. Los discursos “del organismo ejecutivo expresaron altas cargas de estigmatización”, apuntando a representantes de la sociedad civil críticos con la eliminación de la CICIG, que precedieron, en 2018, a 26 asesinatos, todas víctimas que congeniaban con la lucha anticorrupción. En ese año 2018, se añadieron la apertura de 145 causas penales contra defensores, de las cuales 81 carecieron de fundamentos “sólidos de la comisión de un delito”. La arremetida del “uso del derecho penal” contra estos “defensores de la tierra o liderazgos comunitarios”, prosiguió en 2019, afectando a 62 personas, que por haber sido sometidos a proceso penal, fueron “desplazadas de sus comunidades o denegadas del derecho a realizar actividades propias de defensa de los derechos humanos”.
Recapitulando, Jimmy Morales clausuró “la unidad policial especializada en derechos humanos y la instancia de análisis de ataques a defensores”, y su sucesor, Giammattei, no las reinstaló. Peor aún porque el actual Presidente además “formalizó el cierre” de las Secretarias de Paz (SEPAZ), de Asuntos Agrarios (SSA) y la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (COPREDEH)”, y manifestó también la intención de igualmente cesar la Secretaria Presidencial de la Mujer. De hecho, el arma política preferida de los gobiernos de 1996 a la fecha para limitar derechos parece ser la promulgación de Estados de Excepción, en razón de 2 por año, 59 en total. El de Giammattei “ha recurrido de forma constante a la aplicación de estados de excepción o sitio en distintos municipios del país, marcados por la violencia y la criminalidad”, incluyendo el narcotráfico, debido a los antagonismos “agrarios” en el marco “de megaproyectos de empresas mineras y cementeras”.
Para colmo, Giammattei menospreció el caso del periodista Sonny Figueroa, cuando en septiembre de 2020, solicitara “auxilio a las propias autoridades policiales por un hecho de posible criminalidad común”. La Unidad de Protección a defensoras y defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA), definió que las agresiones que sufrió este periodista “se dan en un contexto de escalada de violencia contra la libertad de expresión”, que pone en evidencia un “retroceso democrático”. Con todo, el 21 de noviembre de 2020, “se registró” en las ciudades de Guatemala, Quetzaltenando y Huehuetenango, “un uso desproporcional, innecesario y arbitrario de la fuerza contra personas que se encontraban ejerciendo su derecho a la manifestación, de tal cuenta que se cometieron posibles actos de tortura, tratos crueles, inhumanos, degradantes y detenciones arbitrarias e ilegales”.
Entre el 2017 y hoy, se observan cinco iniciativas parlamentarias anti-derechos humanos del poder político en Guatemala que ha criminalizado “el aborto espontáneo”, entorpecido “la libertad individual de ejercer la libre decisión de pareja”, y “prohibe cualquier tema relacionado a género”. Coincidentemente se “pretende el control de la conformación, asignación y administración de fondos de las oeneges mediante participación del gobierno”. Al tiempo y regresivamente se proponen “amnistías para todos los pertenecientes al ejército por eventos sucedidos durante el conflicto armado internos”. De modo equivalente se infama a quién “por su pertenencia o sospecha de pertenencia a una pandilla juvenil”, y por otra parte marca a cualquiera que “podría ser considerada terrorista al realizar exigencias específicas al gobierno de turno”. Para la OMCT y la FIDH todo esto facilita “desmantelar los alcances de los Acuerdos de Paz de 1996”, y expresan la voluntad de cercenar las libertades públicas y los derechos individuales.
La OMCT y la FIDH recuerdan que los Comités de la ONU de Derechos Humanos y contra la Tortura, y la Oficina de la Alta Comisionada ya han oportunamente señalado al respecto el abuso “de procedimientos penales en contra de defensores, periodistas y en particular lideres indígenas que defienden la tierra y los recursos naturales”. Los expertos de Naciones Unidas en la materia han denostado “la existencia de vigilancia, los arrestos arbitrarios y el uso prolongado de la prisión preventiva en casos donde existe conflictividad agraria. Paralelamente han desnudado las maniobras de identificar a los lideres populares implicados, presentando luego “querellas contra ellos, personándose bien como querellantes o como agraviados … aún cuando el Ministerio Público haya solicitado” archivar “el proceso penal”. No han olvidado de advertir que “las empresas involucradas apelan y logran que los procesos continúen contra las personas defensoras”.
La OMCT y la FIDH ponen al propio tiempo en evidencia la atmósfera “de censura, descrédito e intimidación hacia los operadores de justicia, particularmente contra el Fiscal Especial Contra la Impunidad que tiene a su cargo”, expedientes por “delitos contra la administración pública y de justicia que implica a políticos, funcionarios públicos y empresarios”. El acoso contra ellos se ha concretado en 47 acciones judiciales en 2020, sirviéndose a la par de campañas a través las redes sociales, para subrepticiamente crear “tendencias de opinión” hostiles, y causar “un daño progresivo a la imagen y el accionar” de estos operadores. Tales serian los ejemplos de juezas y jueces “que han tenido que enfrentar ataques personales” en razón de los procedimiento de los cuales son responsables, actos presuntamente instigados por “políticos, funcionarios públicos y empresarios” involucrados en “violaciones de los derechos humanos, corrupción o delitos contra la administración pública”. A las mujeres que trabajan en la Justicia, les reservan “hostigamientos y descalificaciones”, vía mensajes “sexistas y misóginos”, con “referencias explícitas a su apariencia física y al no cumplimiento de sus roles como madres y mujeres en una sociedad patriarcal como es la guatemalteca”.
(*) Desde Ginebra.
