El Episcopado y toda la Iglesia en Venezuela le agradecen su manifiesta preocupación por el destino democrático de nuestra nación y el prolongado y creciente sufrimiento a que ella está sometida. Hoy en Venezuela ya no hay propiamente un conflicto ideológico entre derechas e izquierdas o entre "patriotas" y "escuálidos"—todo esto pasó a un segundo o tercer plano— sino una lucha entre un Gobierno devenido en dictadura, autorreferencial que sólo sirve para sus propios intereses y todo un pueblo que clama libertad y busca afanosamente, a riesgo de las vidas de los más jóvenes, pan, medicamentos, seguridad, trabajo y elecciones justas, libertades plenas y poderes públicos autónomos, que pongan en primer lugar el bien común y la paz social. La Conferencia Episcopal se ha dirigido repetidas veces al Gobierno y hace apenas dos semanas se ha reunido e intercambiado con sus representantes más calificados algunas propuestas sobre la ayuda humanitaria. La esperanza de que Caritas Venezolana, a más de la amplia labor que realiza ordinariamente, pudiera servir de instrumento para que al menos las medicinas lleguen a tiempo y sin exclusiones a todos los ciudadanos, no se ha perdido; pero las condiciones que establecen los ministerios y otros organismos encargados de la salud y nutrición son tales y tantas que el camino se hace cuesta arriba y está sembrado de obstáculos.
Por otra parte, el Episcopado venezolano ha juzgado innecesaria, desigual desde el punto de vista social y, en consecuencia, inconveniente y peligrosa, la iniciativa presidencial de una Asamblea Nacional Constituyente, convocada sin consultar la libre opinión del pueblo de manera directa y universal, mediante un previo referéndum consultivo. Esta Asamblea, prevista para fines del próximo mes de Julio, será impuesta por la fuerza y sus resultados serán la constitucionalización de una dictadura militar, socialistamarxista y comunista, la permanencia ilimitada del actual Gobierno en el poder, la anulación de los poderes públicos constituidos, particularmente de la actual Asamblea Nacional, representante de la soberanía popular, el aumento de la persecución y exilio de los opositores al sistema político dominante y la ampliación de las facilidades para la corrupción de los gobernantes y sus adláteres. De aprobarse, no se descartan mayores controles a la libertad de expresión, incluso a la libertad religiosa, y mayor represión para la ciudadanía. Por estas y otras razones la Conferencia Episcopal Venezolana rechaza categóricamente la instalación y desarrollo de dicha Asamblea Constituyente, de carácter comunal y excluyente.
La imposición de este formato de Asamblea es también la negación por parte del actual Gobierno de un propósito de diálogo verdadero y eficaz. Para la Conferencia Episcopal, diálogo en Venezuela quiere decir hoy consultar la libre opinión del pueblo soberano de respetar seriamente el resultado de la consulta. Pero el diálogo en nuestro país debe tener, no como condición sino como punto de partida o presupuestos de real eficacia, los Acuerdos alcanzados, pero no cumplidos, en la sesión de Diálogo del treinta y treinta y uno de Octubre del año pasado, oportunamente demandados por el Secretario de Estado Vaticano, Su Eminencia Cardenal Pietro Parolin, en su carta enviada al Gobierno y a la Oposición el 01 de Diciembre de 2016.
