Libertad de Expresión

La exitosa Operación Jaque que liberó a 15 rehenes secuestrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), incluyendo a la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, catapultó la popularidad de Álvaro Uribe Vélez a niveles insospechados para un mandatario que transita los últimos dos años de su segundo mandato. Uribe ha sustentado su amplio respaldo popular sobre la base de una política de combate frontal contra la guerrilla que cuenta con fuerte apoyo financiero y logístico del gobierno estadounidense. 

Cuando aún no se habían acallado las repercusiones del espectacular rescate, digno de un guión de Hollywood, el propio Uribe se vio obligado a admitir que uno de los militares que participó en la operación había utilizado un emblema de la Cruz Roja, tras una imagen difundida por la cadena televisiva CNN. El presidente Colombia pidió disculpas y afirmó que el desliz había sido inducido por el temor a los guerrilleros del militar en cuestión. El Comité Internacional de la Cruz Roja advirtió en un comunicado que su insignia debe ser respetada y no utilizada de manera abusiva.

Con el correr de los días, otros funcionarios del gobierno colombiano fueron cuestionados por acciones de los militares durante el rescate. En una conferencia de prensa que ofreció en Washington, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, reconoció que dos soldados colombianos habían fingido ser periodistas y utilizado el logo de la cadena regional de televisión Telesur, financiada en su mayor parte por el gobierno de Venezuela. Santos le restó importancia al hecho y sostuvo que dada la magnitud de la operación el uso del logo de la televisora chavista fue “un detalle insignificante”.

Lo que Santos y el gobierno colombiano no pueden ignorar es que la táctica de suplantación de identidad puede tener efectos graves, en particular si se tienen en cuenta las condiciones en las que trabaja la castigada prensa colombiana. El hecho que soldados se hayan hecho pasar por periodistas aumenta el riesgo para la prensa, en especial para los reporteros que cubren el conflicto civil en zonas controladas por la guerrilla o los paramilitares.

En los departamentos colombianos donde aún se siente el fragor de la guerra los periodistas son con frecuencia amenazados por los grupos ilegales armados. Según lo estipulado en los Convenios de Ginebra, los periodistas que trabajan en zonas de conflicto armado tienen estatus civil. La condición civil de los periodistas evita que sean considerados combatientes o espías. Por consiguiente, la suplantación de identidad afecta la posición de la prensa como actor independiente.   

Con más 40 periodistas asesinados en los últimos 15 años, Colombia es uno de los cinco países del mundo donde más periodistas han caído en cumplimiento de su labor informativa. Es, además, el país que ostenta el índice más alto de asesinatos de reporteros por porcentaje de población en América Latina. Los ataques y la impunidad que los rodea, ha conducido a una autocensura generalizada entre periodistas y medios.

El contexto es imprescindible para entender porqué no es un detalle “insignificante” que militares se hagan pasar por periodistas. Mientras el mundo se regocija por la liberación de los rehenes, es importante reflexionar sobre el empleo de este tipo de tácticas. Minimizar las potenciales consecuencias para los periodistas colombianos que cubren el conflicto civil puede ser un grave error de cálculo.     

(*) Coordinador senior del programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas de Nueva York.