Venezuela parece encontrarse en una suerte de vertiginosa carrera, en la cual el gobierno de Hugo Chávez va poniendo a prueba las diferentes resistencias democráticas de la sociedad. En materia de libertad de expresión, por ejemplo, un punto de quiebre fue el cese del canal RCTV en la señal abierta, en mayo de 2007. Hoy parece existir una nueva estrategia, si nos guiamos por los hechos recientes que han afectado al canal crítico Globovisión; la orden de detención de su presidente o la intervención del banco de uno de sus accionistas, reflejan que las acciones no están conducidas directamente contra los medios, sino que se apelan a mecanismos para presionar, chantajear o vilipendiar a propietarios o directivos de aquellas empresas periodísticas incómodas.
Tratemos, sin embargo, de que un árbol no nos impida ver la totalidad del bosque. Cuando se hace un balance general en materia de libertad de expresión, la Venezuela gobernada largamente por Hugo Chávez no parece pasar la prueba, si nos guiamos por un reciente indicador con diez aspectos esenciales para el desarrollo de este derecho humano fundamental. Los ítems emanaron de una reunión de relatores de la libertad de expresión, entre los cuales estaban representantes tanto de la OEA como de ONU. Repasemos estos aspectos y su relación con Venezuela.
En primer lugar aparece el uso de “mecanismos ilegítimos de control gubernamental sobre los medios de comunicación”, y es justamente una materia en la cual el gobierno venezolano podría dar lecciones de cómo ir achicando la libertad de acción de los medios a través de diversos esquemas de restricción, por ejemplo con el manejo discrecional de la publicidad oficial y la entrega y revocatoria de concesiones de radio y televisión.
La existencia de la “difamación penal” es el segundo aspecto de la lista, y no puede obviarse que este recurso no sólo fue ratificado por la actual Asamblea Nacional en 2005, sino que también se ampliaron las penas de cárcel al aprobarse la reforma del Código Penal. El pasado 11 de junio un juez del estado Carabobo, al centro de Venezuela, dictó una singular sentencia, amparándose en dicho instrumento. De esa forma, el juez inhabilitó política y profesionalmente a Francisco “Pancho” Pérez, un columnista con una trayectoria de 40 años, porque éste denunció la presencia de la esposa y del hijo del alcalde en la nómina de la Alcaldía de la ciudad de Valencia.
Una tercera categoría de evaluación está en la “violencia contra periodistas”, aspecto que ha tenido este país, a lo largo de una década, incontables expresiones de lo que podríamos denominar como violencia de baja intensidad, pues no tiene como objetivo asesinar a los comunicadores, tal como ocurre en México, sino que son hechos –igualmente violentos- pero que persiguen amedrentar a sus víctimas. De acuerdo con diversos estudios, se registraron más de 600 hechos de esta naturaleza contra periodistas en el lapso 2002-2009.
Un cuarto punto en el cual Venezuela sale reprobada es en relación a los “límites al derecho de acceso a la información”. Se trata de que los ciudadanos cuenten con la posibilidad de acceder a la información en manos de los poderes públicos, sin ningún tipo de restricción. En este campo se han registrado notables retrocesos, incluso llegando al punto de negarle el acceso de periodistas a las ruedas de prensa oficiales. Un quinto ítem tiene que ver con la “discriminación en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión”, y acá cabe acotar que pese a un discurso gubernamental que en teoría busca la inclusión social, en materia de expresión y acceso a los medios no hay cambios sustantivos: mujeres, minorías, refugiados, personas indígenas y minorías sexuales, siguen sin ejercer plenamente sus derechos comunicativos, incluso en los medios del Estado.
El punto seis de la prueba se refiere a las “presiones económicas” contra los medios, para variar sus líneas editoriales. Es un punto que tradicionalmente se ha identificado con los consorcios privados, pero en Venezuela tales presiones provienen hoy fundamentalmente del sector oficial que aplica decisiones políticas para favorecer o castigar a los medios con la asignación de la publicidad del Estado.
En séptimo lugar aparece el “apoyo a emisoras públicas y comunitarias”, que en Venezuela sí se produce en términos económicos, pero condicionado por la agenda política, con lo cual la mayoría de estos medios, que debería servir a comunidades, en realidad están al servicio del gobierno. En el documento seguidamente aparece la relación entre “seguridad y libertad de expresión”, pues históricamente se ha colocado como excusa la seguridad nacional para restringir la expresión, cuestión que ha cobrado fuerza en Venezuela en los últimos meses, con algunos procesos judiciales.
En los dos puntos finales de la lista, del deber ser, “libertad de expresión en Internet” y “acceso a tecnologías de información y comunicación” la valoración de Venezuela puede tener visos positivos, aunque con riesgos especialmente en materia de libertades. Ha habido ciertamente una expansión en el uso y acceso a Internet y a las nuevas tecnologías, y en ello el gobierno de Chávez ha hecho esfuerzos, pero al mismo tiempo importantes funcionarios dejan entrever la necesidad de que haya más controles sobre lo que se opina e informa en la red.
Al evaluar estos diez aspectos, en su conjunto, caben pocas dudas: Venezuela está reprobada. El gran perdedor es el ciudadano que se ve privado de ejercer a plenitud este derecho humano que comprende tanto la posibilidad individual de expresarse sin temores como la libertad de la sociedad a informarse sin ataduras.
(*) Coordinador del Programa "Comunicación Política y Libertad de Expresión" de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB, Venezuela) y Miembro del Consejo Académico de CADAL.
