“Los estoy oyendo, pero no voy a pactar con la violencia”

afp/ap/ansa
Desde San Pablo
“Soy la presidenta de todos. Los estoy oyendo, pero no voy a pactar con la violencia”, aseguró ayer Dilma Rousseff, en el cierre de la protesta social que llegó a su punto más crítico desde que comenzaron las manifestaciones contra los aumentos en las tarifas del transporte público y los gastos para el Mundial.

“El pueblo quiere mejor transporte y mejor salud. Voy a llamar a los alcaldes y gobernadores para crear un gran plan de servicios públicos”, agregó la presidenta que también adelantó que recibirá a los líderes de las protestas.
Rousseff mostró señales de estar atenta a los reclamos y reconoció que hay que “oxigenar el sistema político” para ofrecer mejores herramientas de control y combate a la corrupción. También anunció que destinará todos los recursos de petróleo para inversión en salud y educación, a la vez que aclaró que la construcción de los estadios dispuestos para el Mundial no representan gasto destinado a sectores sociales. “Brasil merece y va a hacer la Copa”, completó la presidenta.

Rousseff había reunido a todo su gabinete en un comité de crisis para definir la reacción gubernamental, luego de que se confirmara la muerte de una mujer que sufrió un infarto provocado por las bombas de gas lacrimógeno de la policía. Cleonice Vieira de Moraes, una barrendera de 54 años, trabajaba en la limpieza de la ciudad norteña de Belén en la noche del jueves, cuando debió refugiarse en un monumento turístico junto a sus compañeros para protegerse de los choques entre la Policía Militar y los manifestantes. Varios proyectiles con gas pimienta cayeron cerca suyo. Cleonice, que sufría hipertensión, tuvo un paro cardíaco y fue trasladada al hospital.

La mujer murió ayer a la mañana y no estaba claro si fue por causa del infarto que le provocó el estruendo o por los gases inhalados. Así, las víctimas mortales se elevaron a dos. El jueves, otro hombre había sido atropellado por un conductor que embistió con su camioneta contra una columna de manifestantes en el Estado de San Pablo. Los heridos por la represión policial se cuentan por decenas y la máxima preocupación de las autoridades es que la violencia siga en una espiral.

La decisión de los gobiernos estaduales de dar marcha atrás con el aumento en las tarifas del transporte urbano no fue suficiente para los manifestantes, que el jueves sumaron un millón y medio de personas en más de cien ciudades del país, con epicentro en Río de Janeiro, San Pablo, Brasilia y Belo Horizonte. El principal reclamo se dirige contra los millonarios fondos que el gobierno de Rousseff destina a los eventos deportivos de 2014 y 2016, mientras descuida –en opinión de quienes protestan– las inversiones en salud, educación y transporte.

Sin embargo, lo que generó un masivo respaldo ciudadano a las protestas fue la violencia ejercida por las fuerzas policiales contra los jóvenes que protagonizan las marchas. Ayer, Rousseff reunió a su gabinete en pleno para ensayar una respuesta de emergencia, y se esperaba que la mandataria transmitiera un mensaje al país por cadena nacional. Según el gobernador del Estado de Ceará, Cid Gomes, la jefa de Estado se encontraba “perpleja” por el tenor que adquirieron las manifestaciones.

Pero la violencia no se produjo sólo del lado policial. Ante los disturbios y destrozos generados por grupos minoritarios de manifestantes, el Movimiento Pase Libre, una de las organizaciones que aglutina las movilizaciones, anunció ayer que no convocará a nuevas marchas.