INTERNACIONAL

Lugo va a juicio político y podría ser destituido

El presidente del Paraguay afirmó, sin embargo, que "que no dimitirá". Cumbre urgente en Río de Janeiro para tratar el tema. Asistencia de Timerman.

Lugo dijo que está atacando "la voluntad popular"
| AFP

El presidente paraguayo, Fernando Lugo, confirmó este jueves que se someterá a un juicio político, pero dejó claro que no presentará su dimisión porque "no existe ninguna causa valedera, ni jurídica ni política" que le obligue a separarse del cargo para el que fue electo hace cuatro años.

Según consignó Europapress, Lugo hizo este anuncio poco después de que la Cámara de Diputados aprobara un juicio político en su contra por los hechos ocurridos el pasado 15 de junio en la localidad de Curuguaty, ubicada en el departamento de Canindeyú (sureste), donde 17 personas murieron en enfrentamientos entre campesinos y policías.

"Este presidente anuncia que no va a presentar renuncia al cargo y que se somete con absoluta obediencia a la Constitución y las leyes a enfrentar el juicio político con todas sus consecuencias", expresó Lugo en un mensaje a la nación.

"No existe ninguna causa valedera, ni jurídica ni política, que me haga renunciar", manifestó Lugo, al reconocer que ese país atraviesa un "momento sensible para la vida democrática" debido, en parte, a que la "tensión" se ha convertido en un "elemento dominante". 

La propuesta de someter al exobispo católico a un juicio político -presentada el miércoles por opositor Partido Colorado- fue aprobada con 76 votos a favor, uno en contra y tres ausencias, gracias al apoyo contundente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), el segundo grupo político más poderoso de Paraguay, que también hace coalición con el Gobierno.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner envió al canciller Héctor Timerman a Río de Janeiro, a una reunión de carácter "urgente" convocada por su par de Brasil, Dilma Rousseff, para tratar la tensa situación política en el Paraguay.

Las muertes durantes el violento desalojo. El pasado viernes, 17 personas murieron (once campesinos y seis policías) en los enfrentamientos que se produjeron durante el desalojo de la finca Morumbí, propiedad del exsenador del Partido Colorado Blas Riquelme, que fue ocupada hace tres semanas por un centenar de campesinos para protestar por la escasez de tierras agrícolas.