ANSA
Desde Caracas
En un nuevo capítulo de su “guerra económica”, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ordenó ayer actuar “con toda la severidad de la ley” y enviar a la cárcel a los empresarios y comerciantes que cobren “precios especulativos”. En cadena nacional, el mandatario anunció otra batería de medidas contra uno de los índices de inflación más altos del mundo, que el gobierno chavista atribuye a la acción de los hombres de negocios.
“A partir de mañana (por hoy), sábado 30, todas las inspecciones que se hagan y se demuestre que... siguen cobrando precios especulativos, se actúe con toda la severidad de la ley y, por ser delitos capturados en flagrancia, se proceda con la Fiscalía y la ley a detener a los responsables” (sic), declaró Maduro en cadena nacional.
El jefe de Estado también anunció su decisión de regular los precios de alquiler de los locales comerciales de todo el país, cuyos montos excesivos, según dijo, impactan en el precio final de los productos y alimentan la inflación. En un discurso radial y televisivo desde la Casa de Gobierno, Maduro anunció la aprobación del decreto que establece que el canon de arrendamiento “no podrá exceder de un monto mensual de 250 bolívares (39,6 dólares) por metro cuadrado”.
“Lanzo este decreto porque esto es urgente y para evitar que se desaten las fuerzas especulativas”, insistió.
La norma, además, establece que queda prohibido el arbitraje privado, y será el Ministerio de Comercio el encargado de dirimir los conflictos de alquileres, las resoluciones unilaterales y las medidas cautelares de secuestro de bienes.
Maduro, acosado por una inflación de 54,3% anual, dijo que son necesarias nuevas regulaciones para combatir la que denomina “guerra económica” que, según él, empresarios y adversarios políticos desataron para generar malestar entre los venezolanos.
Maduro comenzó a aplicar desde comienzos de noviembre inspecciones a comercios “para consolidar los precios justos contra la usura capitalista”. Decenas de tiendas redujeron sus precios hasta 70% y, ante el despliegue de las autoridades, muchas cadenas optaron por aplicar descuentos voluntarios. El gobernante anunció que las inspecciones serán permanentes.
Destacó que hasta ahora se fiscalizaron 87 grandes centros comerciales, y agregó que de 1.705 locales comerciales inspeccionados, sólo 24 no registraron problemas de remarcación de precios y especulación.
Advirtió que será implacable contra aquellos empresarios que, tras las recientes inspecciones, vuelvan a subir los costos de los productos.
En uso de los poderes especiales que le otorgó la Asamblea Nacional dominada por el oficialismo para emitir decretos con fuerza de ley por un año, promulgó recientemente dos normas que refuerzan los controles del gobierno sobre la agobiada economía venezolana.
Una de esas leyes se refiere al control de costos, ganancias y precios en la venta de productos, mientras que la otra garantiza el control estatal de las importaciones, centralizado en el Centro Nacional de Comercio Exterior