Más de 300 menores de edad se encuentran alojados en centros de detención destinados a inmigrantes ilegales. Así lo publicó el sitio online de BBC Mundo (http://news.bbc.co.uk), que alertó, en un artículo publicado en su edición de hoy, acerca de una denuncia formulada por agrupaciones de derechos humanos radicadas en los Estados Unidos.
Es que el fin de semana pasado, la organización Texanos Unidos por la Familia (Texans United for Family) llevó adelante una vigilia frente al Centro de Detención de Hutto en Taylor, una localidad de unos 15 mil habitantes, sede de una cárcel que hasta hace dos años alojaba a delincuentes comunes y ahora lo hace con los ilegales: “En todas partes del mundo, cuando hay refugiados pasando de un país al otro por sus condiciones adversas, enviamos millones de dólares para ayudar a los refugiados. En este país los encarcelamos”, aseguró Jay Johnson-Castro, uno de los militantes de la agrupación.
Según reporta BBC Mundo, el centro de detención de la localidad de Taylor fue habilitado en mayo pasado para albergar a unas 500 familias de inmigrantes ilegales que serán deportados hacia países del Caribe y América del Sur, al menos en lo que informó el Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).
Unas doscientas personas se encuentran en ese centro de detención, mientras que según informó la cadena británica otro número menor se encontraría alojado en otro establecimiento en Pensylvania. Las autoridades, sin embargo, admitieron que más de 70 se encontrarían en tránsito hacia otras instalaciones.
Las fronteras seguras. Bajo la política de “fronteras seguras”, miles de inmigrantes vieron complicadas su situación en el país, cuando el secretario de Seguridad Interior norteamericano, Michael Chertoff, decidió crear centros adecuados para los padres y sus hijos. Tras esa medida, según datos del mismo ICE, del total de 328 menores detenidos, unos 252 se encuentran en centros familiares mientras que otros 76 serán trasladados a otras instalaciones.
Justificando la medida, la portavoz de ICE en Texas, Nina Pruneda, aseguró: “Anteriormente, cuando no teníamos esta área de detención, los padres iban a un área y los niños a otra área. Ahora, si una familia cruza junta, entonces van a ser detenidos juntos y luego deportados juntos. No estamos haciendo nosotros la cosa que no es humana, tener a un padre en un estado y la madre en otro estado y los niños en otro estado”.
Hasta hace poco, los chicos eran alojados en la Oficina de Asentamiento de Refugiados del gobierno estadounidense, un hecho bien conocido por los inmigrantes mexicanos. La portavoz de esa oficina, Katherine Hooten, informó que en el año fiscal de 2006 (que concluye el 30 de septiembre) 7.746 menores indocumentados no acompañados recibieron atención en centros de refugiados.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estima, por su parte, que unos 50 mil menores de edad ingresan desde México hacia los Estados Unidos en un mismo año.
La defensa. Desde Texas, la portavoz Pruneda sostiene que el centro Hutto no es una cárcel ya que nadie está esposado. Y se defiende: “Están libres para andar con sus familias. En este centro de detención tenemos todo equipado para las familias. Tenemos área para los niños, tenemos estudio, tenemos área para el recreo. Tenemos todo lo que va a necesitar una familia para que se queden ahí durante el tiempo que esperan para regresar a su país”.
Por su parte, Jay Johnson-Castro, asegura que “aunque el gobierno diga que está adaptada para menores, nunca una cárcel va a ser lo suficientemente adaptable para un niño que no va a entender porqué está detenido”.
Sin embargo, el regímen norteamericano respecto a los inmigrantes indocumentados parece no sólo estar vinculado con el tema de los derechos humanos. Una vertiente económica, aparentemente muy suculenta, también gira en torno a la problemática de los ilegales: “El problema mayor es que es un buen negocio. Hay tres compañías que tienen esas instituciones privadas y ganan del gobierno federal 95 dólares por persona por día”, según Johnson-Castro.
“Nosotros podemos probarle a los Estados Unidos que tienen menores en cárceles, incluso donde no deberían tener menores. Tenemos casos que están documentados, como el caso de Cindy Sugen Martínez. Era menor de edad. Tenía solamente 16 años y medio cuando entró a la cárcel y salió casi de 18”, sostuvo la militante de American Fraternity, quien encabeza una demanda colectiva en nombre de más de tres millones de hijos estadounidenses de padres indocumentados.
