Pisco, Perú.- El gobierno peruano desplegará hasta mil soldados para poner fin al pillaje y la inseguridad desatados tras el sismo que dejó el miércoles unos 500 muertos en Perú, mientras crece la desesperación y los riegos sanitarios para decenas de miles de damnificados.
La multiplicación de robos y saqueos en Pisco, Chincha e Ica, las ciudades más destruidas por el violento terremoto de 7,7 grados en la escala de Richter, obligó al gobierno a redoblar la seguridad y enviar 600 soldados más a estas zonas, de forma progresiva, para realizar patrullas junto a la policía. Unos 400 soldados ya patrullaban las ciudades más afectadas.
El presidente peruano Alan García, que se encuentra desde el jueves en la ciudad costera de Pisco (240 km al sur de Lima), amenazó ayer con decretar un toque de queda a raíz del vandalismo y la lentitud en la canalización de la ayuda, que han generado una difícil situación de orden público.
García dio "la orden de actuar con la mayor severidad" y aseguró que "de ser necesario pasaría a establecer un toque de queda". "Pero no lo considero necesario por ahora", agregó.
Rescatistas españoles fueron atacados a balazos anoche en Pisco al retornar de sus tareas de búsqueda de sobrevivientes. Aunque no hubo heridos, el hecho creó alarma. El escuadrón español K9 se hallaba cerca del centro de la ciudad de Pisco, la más afectada por el terremoto y que carece de energía eléctrica, cuando uno o varios desconocidos les dispararon "unas 12 veces", dijo uno de sus miembros, Loli Márquez, consultado por teléfono por la AFP.
El incidente es el primero que se reporta contra los equipos de rescate extranjeros presentes en la zona de desastre. La jornada de ayer estuvo marcada también por una nueva réplica que alcanzó una magnitud de 5,5 grados Richter, la más fuerte entre las más de 480 réplicas registradas desde el terremoto del miércoles.
En Chincha, un grupo de personas intentó tomar por asalto el hospital de esa localidad pensando que ahí se acopiaban alimentos para los damnificados, dijo a la AFP el director del centro de salud, Jorge Barrera.
"La gente se queja que no está llegando la ayuda (humanitaria) pero ése no es el problema, el problema es que no hay seguridad", aseguró el bombero Mario Paredes. El bombero contó a la AFP que fue asaltado a la entrada de Chincha, donde le robaron su equipo de rescate la noche del viernes. La falta de seguridad impide concretar la distribución de la ayuda, acotó. Otro problema es el de las epidemias.
El ministro de Salud, Carlos Vallejos, expresó que "los principales riesgos podrían ser el surgimiento de enfermedades infecciosas".
La ayuda, entre tanto, sigue llegando. Una delegación de socorristas de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) arribó ayer a Lima para unirse al grupo de socorristas de avanzada que llegó el jueves con ocho perros entrenados para olfatear personas vivas.
Estados Unidos instaló en el estadio de la ciudad de Pisco el hospital de campaña del Comando Sur, equipado para brindar atención sanitaria y realizar cirugías a las víctimas del terremoto.
Aviones de Chile, Bolivia y Colombia arribaron con suministros, mientras la Unión Europea anunció que duplicaba su apoyo financiero a dos millones de euros.
En medio de la desolación, un bebé vivo fue hallado en la iglesia San Clemente de Pisco en la madrugada del jueves luego de permanecer siete horas bajo los escombros, informó el sábado el hombre que lo rescató.
El presidente García informó que su homólogo de Colombia, Alvaro Uribe, llegará hoy a Perú junto a seis de sus ministros para visitar zonas afectadas. Las cifras de la catástrofe todavía no son precisas:
García habló el viernes de 497 muertos, pero señaló que la cifra sin duda pasaría de los 500. No hay, en cambio, una cifra consolidada de desaparecidos. Los heridos suman más de 1.600 y el número de damnificados es de unos 200.000.