El diputado José Ramón García Hernández, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Popular (PP), defiende, en diálogo con PERFIL, la actuación del gobierno de Mariano Rajoy y acusa al independentismo catalán de “romper la unidad de España”.
—¿Por qué el gobierno de Rajoy no negoció estos últimos cinco años para desactivar la crisis en Cataluña?
—Estuvo negociando y dialogando todos los días. Mantuvo contactos permanentes con el ex presidente de la Generalitat, Artur Mas, y con su sucesor, Carles Puigdemont. Lo que ocurre es que el nacionalismo independentista no quiere negociar. Y nadie le puede exigir al presidente Mariano Rajoy que negocie sobre algo ilegal. En Cataluña buscaron una independencia pensando que una mayoría les iba a ayudar. Internacionalmente buscaron mucho apoyo, pero fue nulo porque la Unión Europea (UE), Naciones Unidas y la Comisión de Venecia les dijeron que no podían celebrar un referéndum ilegal.
—¿Es esto una crisis política, judicial o social?
—Cuando alguien en una democracia se salta la ley, deviene una crisis legal, judicial, cultural. Una crisis histórica también, cuando rompes el relato de la unidad de España de los últimos 500 años y rompes el relato de la modernidad, que está yendo a la integración vía UE. Hay crisis sociales evidentes, la propia crisis de la Generalitat, que con su mala gestión no ha conseguido mantener el Estado de bienestar en Cataluña. Hay una crisis política, precipitada por la corrupción de Jordi Pujol, que atañe al propio independentismo e hizo que Convergència i Unió casi desapareciera.
—¿Qué responsabilidad institucional tiene el PP por boicotear el Estatuto de Cataluña de 2006?
—El Tribunal Constitucional (TC)declaró inconstitucionales algunos artículos del Estatuto. Hubo un partido político que recurrió esos artículos, pero falló la Justicia, no el PP. Es el propio TC el que les dice que se saltaron todos los controles de constitucionalidad. Aquí se ha querido vender como anormal algo normal, por eso el independentismo tiene mucho de propaganda y espuma, pero poco de realidad.
—¿Qué pasará luego del 1º de octubre en Cataluña?
—Yo soy muy malo prediciendo el futuro. Espero que se vuelvan a imponer la cordura y el diálogo, hay que llegar a compromisos. Que vuelva a instaurarse un respeto a la ley. En Cataluña se quiere instaurar un totalitarismo y un hegemonismo político.
—¿Qué ofrecerá el gobierno español para llegar a esos compromisos?
—Aquí se invierte la carga de la prueba. ¿Qué está dispuesto a ofrecer el nacionalismo catalán? A mí me gustaría que me respondieran eso. El referéndum es ilegal, no se va a celebrar y no se puede negociar eso.