Mariano Rajoy finalmente aplicó el artículo 155 de la Constitución y decidió intervenir el autogobierno de Cataluña. Tras la reunión del Consejo de Ministros, el presidente de España aprobó ayer convocar elecciones adelantadas en esa región en un plazo de seis meses o “en cuanto se recupere la normalidad”; desplazar al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, al vicepresidente, Oriol Junqueras, y a todos sus consejeros; que la administración catalana actúe bajo las directrices de su gabinete; dar capacidad de veto al Ejecutivo central frente a cualquier iniciativa aprobada en el Parlament catalán, que seguirá abierto, pero no podrá proponer candidato a la presidencia.
La aplicación de esas medidas tiene que ser aprobada por mayoría absoluta en el Senado, que validará el plan gubernamental en una sesión extraordinario que se celebrará el próximo viernes. Rajoy declaró que interviene la autonomía de Cataluña para restaurar la legalidad; celebrar elecciones con normalidad; asegurar la neutralidad institucional; mantener el bienestar social y el crecimiento económico; y asegurar los derechos y las libertades de todos los catalanes. “No se suspende la autonomía de Cataluña, se cesa a las personas que la han puesto en riesgo”, afirmó.
Entre la batería de medidas anunciadas también figura la intervención de los Mossos d’ Esquadra, la policía autonómica, y del canal estatal TV3. Los Mossos quedarán bajo el control del Ministerio de Interior, se desplazará al consejero de Interior catalán y a sus autoridades subalternas, entre ellas el jefe policial Josep Lluís Trapero, imputado por la Justicia por “sedición”.
“No era nuestro deseo ni nuestra intención aplicar el artículo 155. Lo hacemos porque ningún gobierno, de ningún país democrático, puede aceptar que se ignore y viole la ley, y que todo ello se haga pretendiendo imponer sus criterios a los demás”, agregó, al tiempo que destacó que las medidas fueron “consensuadas con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Ciudadanos”.
La tramitación de las medidas en la Cámara Alta abrirá la última ventana de oportunidad para una negociación política. Tanto el Partido Popular (PP), como el PSOE y Ciudadanos, se manifestaron a favor de adelantar las elecciones autonómicas.
Paloma Román, profesora de Ciencia Política de la Universidad Complutense, alertó sobre las implicancias políticas de la aplicación del artículo 155. “Teóricamente perdería el Govern, pero tampoco está tan claro, porque hay una estrategia deliberada del separatismo catalán de victimizarse lo más posible. Buscan provocar una respuesta demasiado dura como la del 1-O y dejar al gobierno central en una situación muy mala”, declaró a PERFIL.
Por su parte, David Bondia García, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Barcelona, cuestionó la herramienta legal escogida por Rajoy. “El artículo 155 está en la Constitución, lo podían activar, pero se han excedido en las medidas que adoptaron. Recortaron libertades por la vía del 155 cuando debería ser a través del 116, ya que son más propias de un Estado de excepción. Lo que pasa es que si hubieran apelado a éste último, tenían que pasar por las dos Cámaras y en Diputados no tienen mayoría”, aseguró.
Medios. Rajoy oficializó que el canal TV3 y Catalunya Radio quedarán bajo el control del gobierno si el Senado aprueba el plan que le remitió el Ejecutivo. “Los medios públicos de comunicación, sus funciones que antes tenía la Generalitat, ahora pasan a tenerlas los nuevos gestores”, anunció. La Guardia Civil había interrogado el viernes a Núria Llorach, presidenta de TV3, sobre los anuncios sobre el referéndum del 1º de octubre pese al veto decretado por el Tribunal Constitucional.
La activación del artículo 155 de la Constitución sólo cuenta con un precedente en la historia de la democracia española: en 1989, Felipe González amenazó con su aplicación a Canarias, pero logró frenar la rebelión fiscal de ese gobierno autonómico antes de tramitar su puesta en marcha en el Senado.
La incertidumbre pasa ahora por saber si los catalanes resistirán en las calles la intervención y se reeditará la represión policial del 1º de octubre.