El presidente de España, Mariano Rajoy, recuperó tardíamente la iniciativa política tras la declaración de independencia “suspendida” de Cataluña. La Moncloa anunció ayer que no aceptará respuestas ambiguas sobre si Carles Puigdemont declaró o no la independencia. La advertencia llegó luego de activar el artículo 155 de la Constitución, que permitiría una eventual intervención de la comunidad autónoma, previa aprobación del Senado. Al mismo tiempo, ofertó debatir en el Congreso una eventual reforma de la Carta Magna, que apuntaría a redefinir el modelo territorial de España. Así, no sólo le devolvió la pelota al independentismo, sino que también le ofreció una de cal y otra de arena.
El líder catalán tendrá hasta el lunes a las 10 de la mañana para aclarar si Cataluña es un Estado independiente. Si su respuesta es afirmativa, la Moncloa concedería tres días más –hasta el jueves 19–, para que rectifique. Si eso no sucede, el Senado, controlado por el Partido Popular (PP), decidirá cómo intervendrá Cataluña. Una de las opciones de Rajoy pasa por convocar elecciones autonómicas, como adelantó el portavoz del gobierno Iñigo Méndez de Vigo.
Albert Rivera, líder de Ciudadanos, propuso ayer que los partidos anti-independentistas llegasen a un “pacto previo” a los comicios para “formar un gobierno alternativo” al de Junts Pel Sí, donde la lista más votada liderase un gobierno de coalición. Su oferta no tuvo nada de desinteresada, ya que esa jugada colocaría a Inés Arrimadas, líder de su agrupación en Cataluña, a las puertas de la Generalitat.
Cualquier gesto de la Moncloa es observado por estas horas con lupa en Cataluña. “Si yo fuera el gobierno iría con mucho cuidado para evitar que mis movimientos dejen sin salida a Puigdemont y se reactive lo que el martes no se concretó”, afirmó a PERFIL Jordi Mir García, profesor de Humanidades de la Universidad Pompeu Fabra y de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona. El gran peligro de la jugada de Rajoy es que la intervención reedite la represión del pasado 1º de octubre, cuando policías golpearon a civiles desarmados.
El presidente también acordó con Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), una reforma a la Constitución, un “regalo envenenado” para romper la coalición independentista, ya que sería un paso previo para la celebración de un referéndum pactado, pero no contaría con el visto bueno del Partido Popular y del PSOE.
Para Sánchez, el diálogo con Cataluña debe abordarse en el Congreso. La vicepresidente Soraya Sáenz de Santamaría compartió ese diagnóstico, al instar a Puigdemont a volver al orden constitucional y a exponer sus propuestas ante diputados y senadores, los “mediadores” que representan a “todo el pueblo español”.
Puigdemont está ante una delicada encrucijada: da marcha atrás y se rompe su coalición parlamentaria con la salida de la CUP, perdiendo su mayoría absoluta; o quema los puentes con Rajoy y confirma la declaración de independencia. En ese último caso, Cataluña sería intervenida, el presidente desplazado del poder y probablemente detenido por “rebelión” y “sedición”. Pero él no es el único amenazado por la Justicia. El jefe de los Mossos d’ Esquadra, Josep Lluís Trapero, y los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y de Omnium Cultural, Jordi Cuixart, declararán el lunes ante la Justicia, imputados por los mismos delitos.
“La Generalitat espera la mediación y la negociación. Por ahora el gobierno español no ha ofrecido ninguna muestra que nos permita pensar que va a aceptarlo”, agregó Mir García.
El independentismo interpretó la reacción de Rajoy como una “negativa a cualquier propuesta de diálogo”. “Si lo que pretenden es una rendición humillante, no la tendrán”, disparó ayer Artur Mas, revelando la enorme presión de las bases por concretar la independencia.
Peligra el crecimiento
El ministro español de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, aseguró ayer que la crisis catalana no saldrá gratis desde el punto de vista económico, al informar que rebajará las previsiones de crecimiento de España para 2018, fijadas en 2,6%. “Este tipo de cuestiones tienen siempre impacto”, afirmó De Guindos al comentar la incertidumbre política en la región de Cataluña en una conferencia en la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).
Al menos 540 empresas cambiaron su sede social de Cataluña a ciudades de otras regiones españolas desde el referéndum del 1º de octubre. De ellas, 533 se trasladaron entre los días 9 y 11, según datos provisionales del Colegio de Registradores de España difundidos ayer por las autoridades.
