El presidente del gobierno español, el conservador Mariano Rajoy se enfrenta al mayor desafío de la democracia española luego de que ayer el Parlamento de Cataluña declarara la independencia. Por ello, se mueve con rapidez para evitar cualquier vacío de poder. Convocó elecciones regionales anticipadas para el 21 de diciembre y nombró a su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, para asumir los asuntos en esa región en sustitución de Carles Puigdemont.
Cataluña se despertó este sábado en calma. La bandera española seguía ondeando por la mañana en el palacio de la Generalitat, la sede centenaria del autogobierno catalán, y el ambiente en Barcelona era de resaca, tras una fiesta popular por la proclamación independentista, aunque no apoyada a nivel internacional. La Unión Europea, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Portugal respaldaron sin fisuras al gobierno español, mientras Estados Unidos dijo tajantemente que consideraba a Cataluña "parte integral de España".
Rajoy destituyó al jefe de la policía regional, Josep Lluis Trapero, al mando operativo de 16.000 agentes, los Mossos d'Esquadra. Decenas de altos funcionarios del gobierno catalán cesarán también en sus cargos y desaparecerán algunos órganos de gobierno de la Generalitat, como las delegaciones en el extranjero o el consejo asesor para la transición nacional.
La fiscalía general prepara una querella contra el destituido presidente catalán Carles Puigdemont, de 54 años, por rebelión, que puede acarrear una pena de cárcel de hasta 30 años.
Todos los ojos están puestos ahora en el ex dirigente y sus aliados, que deberán movilizar otros recursos ante la disolución del parlamento por la convocatoria electoral. A media mañana reinaba el silencio en sus filas, mientras el gobierno central se esforzaba en ofrecer un rostro de legalidad y serenidad.
De cara a los comicios "todos los partidos que estén registrados se pueden presentar. Esta cuestión legal no ha cambiado", aseguró en entrevista radiofónica el delegado del gobierno en Barcelona, Enric Millo. "El objetivo de la independencia es legítimo, nadie ha dicho lo contrario. Lo que se está diciendo en estos momentos es que se defienda desde la propia democracia, desde la propia legalidad", añadió.
El riesgo de un poder paralelo en Cataluña es real, aunque es una incógnita la capacidad organizativa de los independentistas sin instituciones.
