Dos trenes a alta velocidad chocarán el 1º de octubre, cuando los independentistas voten la secesión de España, en un referéndum que la Justicia declaró ilegal, no cuenta con garantías constitucionales ni será reconocido por la comunidad internacional. El mandatario Mariano Rajoy llamó a las autoridades catalanas a no “subestimar la fuerza de la democracia española”, advertencia que fue respondida por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, quien le pidió que “no subestime la fuerza del pueblo de Cataluña”.
Más de 700 de los 948 alcaldes de la región exhibieron ayer la fortaleza del músculo independentista y reafirmaron que cederán locales municipales como centros de votación. La fiscalía general de España había ordenado citar a los dirigentes que cooperasen en la “organización del referéndum ilegal” y, en caso de que no comparecieran, “acordar su detención”.
La polarización extrema entre el gobierno central y Cataluña alejó la posibilidad de una salida negociada. Ambos sectores se benefician electoralmente de la “grieta”: el Partido Popular sube en las encuestas en todo el país, mientras que la coalición Junts pel Sí ambiciona declarar de forma unilateral la independencia y obtener una mayoría más amplia en las próximas elecciones autonómicas.
“La crisis fue alimentada por los dos lados. El referéndum tendría que ser pactado entre la Generalitat y el gobierno español, que no quiere pactar ya que dice que para que sea vinculante tendrían que votar todos los españoles. Los independentistas dicen que los únicos que tienen que votar son los catalanes”, explicó a PERFIL David Bondia García, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Barcelona.
En las elecciones regionales de septiembre de 2015, los partidos independentistas obtuvieron el 47,6% de los votos, mientras que los que prefieren seguir en España sumaron el 51,28%. No obstante, un 70% de los catalanes está a favor del “derecho a decidir” a través de un referéndum.
La controversia entre el Estado central, que intervino las cuentas de la Generalitat y amenaza con “obligarla” a cumplir la ley, soslayó el debate sobre cómo es el Estado que anhelan los independentistas y qué proyecto federal propone Madrid. “Será un referéndum mal hecho. No tendrá las mínimas garantías. Irán a votar sólo los del “sí”, no habrán “nos” y el 2 de octubre harán una declaración unilateral de independencia”, agregó Bondia.
Personalidades de la cultura se expresaron en las últimas semanas en contra de la consulta popular. Uno de ellas fue Joan Manuel Serrat, quien dijo que “no iría a votar a unas elecciones que no apelaran a la mayoría de la ciudadanía y que no fuera realmente vinculante”. Tampoco se discutió qué umbral de votos sería necesario para una decisión de tamaña trascendencia.
La izquierda independentista exacerbó la retórica nacionalista, se quejó del “expolio fiscal” e insinuó que un nuevo Estado conllevaría la solución de todos los males, sin explicar cuál sería su política sanitaria, educativa, exterior e interior. Rajoy, en tanto, se preocupó más en calificar al referéndum como un “golpe a la democracia” que en pactar una salida consensuada con todos los sectores de la sociedad catalana, la mayoría de los cuales quiere zanjar la cuestión en las urnas, ya sea por el “sí” o por el “no”.
Advertencia del gobierno
El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, pidió ayer respeto a la Constitución mientras centenares de alcaldes de Cataluña defendían la consulta electoral. Desde Galicia, reclamó que los dirigentes de la Generalitat reflexionen y vuelvan “a la racionalidad y a la legalidad”. Rajoy reafirmó que no habrá consulta porque ésta significaría “la liquidación de la voluntad mayoritaria de los españoles y de los derechos de la inmensa mayoría” del pueblo. Sobre la concentración de alcaldes que apoyan la consulta, Rajoy pidió que “no colaboren en la celebración de un referéndum ilegal” y que “están obligados a cumplir la ley”.
Los tres poderes públicos españoles –el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial– están decididos a que el referéndum, suspendido por el Tribunal Constitucional, no se celebre y que sus promotores sean juzgados.
Rajoy y los independentistas refuerzan su disputa por el referéndum catalán
Más de 700 alcaldes respaldaron ayer la votación que decidirá el 1º de octubre sobre la secesión de España. La Justicia amenaza con detenerlos. Una grieta que beneficia a ambos.
