El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ordenó ayer militarizar Bogotá y todas aquellas regiones donde las autoridades reportaron hechos de violencia, en respuesta a los desmanes ocurridos en la víspera durante la marcha de respaldo al paro agrario que cumplió 12 días. “He tomado decisiones para asegurar la mayor normalidad en las vidas de los colombianos: anoche ordené la militarización de Bogotá y de cualquier otro municipio o zona donde sea necesaria la presencia de nuestros soldados”, precisó el jefe de Estado.
Decenas de militares de la decimotercera brigada del ejército se apostaron en zonas importantes de la capital, entre ellas en el centro financiero y las dependencias estatales. Además de la orden de desplegar uniformados, el presidente ordenó que 50 mil militares apoyen a la policía para desbloquear las vías cortadas por los manifestantes rurales, que protestan en contra de los Tratados de Libre Comercio (TLC) que firmó Colombia con los Estados Unidos y la Unión Europea (UE).
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Según el director de la policía, general Rodolfo Palomino, las protestas del miércoles en seis zonas del país dejaron cuatro muertos y 129 policías heridos, 92 de ellos en Bogotá. El jueves, cientos de manifestantes se enfrentaron a pedradas con la policía en Bogotá, lo que llevó al alcalde Gustavo Petro a ordenar un toque de queda en cuatro localidades de la ciudad. La policía arrestó a 66 personas durante los disturbios y precisó que serán acusadas de los delitos de daño en bien ajeno, ataque contra servidor público, concierto para delinquir y “terrorismo”.
Santos ordenó que sus ministros y voceros se levantaran de la mesa de diálogo con los campesinos –creada para poner fin al paro–. Además, el mandatario aseguró que su gobierno ofreció hasta cuatro “soluciones concretas” para superar el paro, pero que los campesinos se habían “echado para atrás” a último momento.
El presidente colombiano aseguró que “hay personas o grupos que están interesados en que no se llegue a ningún acuerdo” y acusó al colectivo político Marcha Patriótica de estar interesados en que las protestas se mantengan. Ese movimiento agrupa a organizaciones no gubernamentales, campesinos, indígenas y estudiantes y, según el Ejecutivo, estaría vinculado con grupos guerrilleros que habrían iniciado hechos de violencia.
Sin embargo, Walter Benavides, uno de los 12 representantes de los campesinos que negocia con el gobierno, afirmó que la versión difundida por el presidente no es cierta. “Lo de las llamadas es una gran mentira”, declaró al rechazar la supuesta influencia de Marcha Patriótica en la posición de los manifestantes rurales. También Benavides negó que hayan estado cerca de firmar el fin de la huelga campesina.
El vocero de los cultivadores afirmó que los puntos más complicados de la negociación con el gobierno son los relacionados con los Tratados de Libre Comercio (TLC), en particular las restricciones a la entrada de productos agrícolas. Según Benavides, los negociadores del gobierno sólo aceptan crear algunas “salvaguardas” para los pactos comerciales con la CAN, el Mercosur y la Alianza del Pacífico, pero que se niegan a algo similar frente a los TLC con los Estados Unidos y la Unión Europea.
Los voceros de los campesinos colombianos anunciaron ayer el levantamiento de las barricadas que impedían el paso de vehículos en distintas zonas del país, como un primer paso para acercarse al gobierno.
