Cristina Fernández de Kirchner nunca imaginó que el Bicentenario chileno le depararía tanto protagonismo. A su llegada a Santiago de Chile, los flashes de los fotógrafos y las preguntas de los cronistas estuvieron ayer monopolizados por una sola cuestión: qué sucederá con el ex guerrillero chileno Galvarino Apablaza Guerra, caso que tensó durante las últimas horas las relaciones diplomáticas entre los dos gobiernos y se convirtió en un dolor de cabeza para la delegación argentina.
En una intervención que realizó ante la prensa por la mañana en medio de los festejos patrios, el presidente Sebastián Piñera se refirió a la reunión bilateral que tuvo unas horas más tarde, en el Palacio de La Moneda. “Una persona que cometió un crimen tan grave, que le costó la vida a un senador y lo cometió en Chile, debería ser juzgado por los tribunales chilenos”, aseguró con tono calmo y cauteloso el primer mandatario trasandino.
Lo cierto es que el caso Apablaza dejó a ambos gobiernos en un delicado equilibrio en sus respectivos frentes políticos internos. El ex guerrillero chileno, acusado de ser el autor intelectual del asesinato del senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Jaime Guzmán y del secuestro del directivo del diario El Mercurio, Christian Edwards del Río, motivó que la derecha chilena se movilizara y reclamara que el “comandante salvador” sea extraditado y juzgado en Santiago. En tanto, en Buenos Aires organismos de derechos humanos, entre los que se destacaron Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, le pidieron al gobierno argentino que proteja al ex guerrillero.
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