Por momentos, el halo de romanticismo de la causa independentista catalana parece ocultar que, a fin de cuentas, de lo que se trata es de una disputa por miles de millones de euros. En las últimas semanas, la dimensión político-judicial del procés relegó a un segundo plano las consideraciones sobre el impacto económico que tendría la secesión de Cataluña. Las eventuales consecuencias para España –y para la propia Cataluña– serían tan drásticas que llevan a muchos a suponer que la independencia jamás podrá concretarse en la práctica.
Se dijo mucho sobre el enorme perjuicio que implicaría la secesión para la economía catalana. Pero España también sufriría en términos de actividad, comercio, recaudación fiscal y finanzas. Cataluña es la comunidad autónoma española que más aporta al PBI del país: representa casi el 19% del producto total de España, es decir, la quinta parte de su riqueza nacional. En ese rubro supera incluso a Madrid. También es la región con mayor PBI anual per cápita, muy por encima del promedio nacional. En el último año, los ingresos de los catalanes recuperaron el nivel que tenían antes de la crisis de 2008-2009, algo que aún no ocurrió en las demás comunidades.
Cataluña es, además, una región clave para el sector exportador. Más del 25% de los bienes totales que España le vende hoy al mundo procede de allí. Y más de la mitad de esos bienes corresponde a grandes empresas y multinacionales que, según se anticipa, relocalizarían sus sedes si la independencia se convirtiera en realidad. Lo cual plantea dudas sobre otra cuestión crucial: ¿esas firmas se trasladarían en todos los casos a otra región de España? ¿O acaso una parte significativa de ellas optaría por mudarse a otros países? Si eso ocurriera, el impacto sobre la balanza comercial de España sería automático y muy dañino.
A su vez, la afección del sector industrial y el turístico, ambos con gran peso en Cataluña, podría contagiar a otras comunidades autónomas, en la medida en que se trata de rubros dinámicos y con alto grado de integración con otras regiones del país, que abastecen a dichos sectores y que facturan gracias a la cadena de valor que éstos generan.
Más déficit. Tras la debacle de 2008-2009, el Estado español hizo enormes esfuerzos para domar su déficit primario. La secesión echaría por la borda buena parte de ese sacrificio: Cataluña no sólo es la comunidad autónoma más rica del país, y por lo tanto una de las que más aportan a las arcas públicas, sino también una de las pocas que tiene una contribución fiscal positiva, es decir, que entrega al Estado nacional más de lo que recibe.
La merma de casi el 20% del producto nacional que sufriría España si Cataluña se independizara también tendría efectos negativos sobre las variables económicas que se miden en relación con el PBI. Aumentarían el gasto público y la deuda en relación con el producto bruto. Se sabe cuál es la receta española para revertir un desbarajuste así: aumento de impuestos y ajuste fiscal.
Por si fuera poco, la secesión abriría un complejo debate sobre cómo repartir entre ambas partes las cargas de la deuda pública de 75 mil millones de euros que hoy arrastra Cataluña, y que avala el Estado español. Aun si los independentistas asumieran finalmente toda la responsabilidad, el solo hecho de poner la cuestión sobre la mesa causaría histeria en los mercados, lo que podría rebajar las calificaciones de riesgo de España y, en consecuencia, afectar el flujo de inversiones.
En síntesis: la independencia de Cataluña sería una catástrofe para la economía española. Por eso el empresariado español aún confía en que acabará primando la racionalidad económica y las partes llegarán a un acuerdo. Los independentistas les hablan con el corazón; los hombres de negocios les responden con el bolsillo.
El rey Felipe baja el perfil a la espera del desenlace
El rey Felipe VI de España no tiene en agenda ningún acto oficial en toda la próxima semana, es decir, en los días posteriores a la fecha que la Generalitat de Cataluña dispuso para celebrar su referéndum soberanista. Los demás miembros de la familia real tampoco tienen actividades en carpeta. El rey sólo continuará con su rutina habitual, que incluye despachos periódicos con el Ejecutivo español.
No obstante, Felipe VI ha estado muy pendiente de la evolución del conflicto entre el gobierno nacional y la Generalitat. Así fue, por ejemplo, el 6 y 7 de septiembre, cuando el Parlamento catalán aprobó la convocatoria al referéndum, en una sesión maratónica y plagada de acusaciones de irregularidad por parte de la oposición constitucionalista. En esa fecha, el monarca estuvo en contacto permanente con el presidente Mariano Rajoy.
En varios actos públicos recientes, Felipe ha hecho alusión al desafío secesionista y ha mostrado confianza en que la Constitución acabará prevaleciando. Así lo dijo dos semanas atrás, durante la entrega de los premios nacionales de Cultura, cuando advirtió contra la quiebra de la convivencia en democracia y se mostró convencido de que “los derechos que pertenecen a todos los españoles serán preservados”.
