La crisis de Venezuela retumba en todos los rincones de América Latina. Los gobiernos siguen de cerca su evolución, reciben a miles de inmigrantes venezolanos y presionan al presidente Nicolás Maduro, quien reforzó la persecución a la oposición con la Asamblea Nacional Constituyente. La deriva autoritaria de la Revolución Bolivariana también planteó un interrogante: ¿sentará un precedente institucional para otros países de la región?
La hipótesis fue instalada por el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en una columna en el diario El País. “No puede entronizarse y perpetuarse una dictadura en el centro de América Latina. Sería nefasto para el continente recién declarado el continente de la paz”, escribió. Esas palabras fueron replicadas por la fiscal general venezolana, Luisa Ortega Díaz, destituida por el chavismo: “En Venezuela ha ocurrido la muerte del derecho. La estabilidad de la región está en peligro”. Otro actor de peso, el papa Francisco, manifestó reiteradamente su preocupación por la crisis venezolana –y podría reiterarla en su visita de la próxima semana a Colombia–, aunque no la vinculó con el devenir del continente.
Aníbal Pérez-Liñán, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Pittsburgh, considera que Venezuela es un caso aislado. “El espacio para la deriva autoritaria ha pasado en otros países. Pasó en Ecuador, hay incertidumbre en Bolivia ya que no está claro si Evo Morales aceptará los resultados del último referéndum, y nunca hubo un riesgo en Brasil, Paraguay y Uruguay. El único país que ha experimentado una deriva autoritaria similar fue Nicaragua”, explicó a PERFIL, al remarcar una “bifurcación en la trayectoria política” de los países de la región.
La crisis de Venezuela es la gran prioridad de las cancillerías latinoamericanas. Así lo marcan las últimas cumbres del Mercosur, en las que Caracas no participó por estar suspendida, pero cuya coyuntura política marcó la agenda. El impacto migratorio y de seguridad en sus fronteras preocupa particularmente a Colombia y Brasil. Según el Observatorio de la Voz de la Diáspora Venezolana, más de dos millones de venezolanos dejaron su país desde la llegada del chavismo al poder. Además, cerca de 50 mil personas solicitaron asilo este año, reveló recientemente la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).
El deterioro de los derechos humanos y del orden constitucional también inquieta a casi todo el continente. Esa posición se expresó en la Declaración de Lima, donde doce cancilleres del hemisferio rechazaron la Asamblea Nacional Constituyente de Maduro.
“El ejemplo de Venezuela muestra que la dimensión democracia-autoritarismo es transversal a la dimensión izquierda-derecha. Tenemos una amplia experiencia de gobiernos de izquierda democráticos y de derecha democráticos, y viceversa. La estrategia autoritaria tiene que ver con la imposibilidad de tolerar a la oposición”, sostiene Pérez-Liñán, uno de los máximos especialistas en política comparada, instituciones políticas y democratización en América Latina. Aislamiento. Pese a la creciente condena internacional, Maduro parece haber superado las jornadas de protestas más convocantes de la oposición. “Pareciera que el gobierno ha optado por aceptar el aislamiento regional. Apostó por pagar todos los costos que sean necesarios para sostenerse en el poder”, agrega Pérez-Liñán. El apoyo de otros países a la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, y a la fiscal general destituida, Luisa Ortega Díaz, no amilanó a la Constituyente, que redobló su presión sobre los disidentes. Tampoco quebró la coalición oficialista, donde las Fuerzas Armadas juegan un rol cada vez más decisivo para la supervivencia de la Revolución Bolivariana.
La resolución de la crisis venezolana interesa, por distintos motivos, a los líderes de la región. Resta saber qué consecuencias políticas tendrá esa salida en sus países. n
