El presidente colombiano, Álvaro Uribe, suspendió este viernes las negociaciones para un intercambio humanitario de guerrilleros por secuestrados con las FARC, y ordenó al ejército fortalecer las operaciones y la Inteligencia para rescatar a los raptados.
" El único camino que queda es el rescate militar de los secuestrados. No puede seguir la farsa del intercambio humanitario como lo han planteado las FARC, y en consecuencia, reitero, el único camino que queda es el rescate militar", precisó Uribe en un discurso al país.
El discurso, en el que Uribe ordenó a las Fuerzas Militares enfrentar frontalmente a la cúpula del grupo insurgente, fue pronunciado en el mismo lugar adonde ayer explotó un coche-bomba, un atentado que el mandatario adjudicó al grupo guerrillero.
"Debemos poner toda la intensidad en la operación y la Inteligencia para rescatar a los secuestrados. Es hora de ir eficazmente detrás de todos los cabecillas", dijo Uribe.
Seguidamente, el mandatario anunció su decisión de revocar "la autorización al comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, para reunirse con las FARC en busca de una zona de encuentro, mientras persistan estas acciones terroristas".
En ese sentido, Uribe dijo que el grupo insurgente "trafica con el dolor de los familiares secuestrados, en busca de una zona de despeje (desmilitarizada) para recuperar su capacidad terrorista".
El gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) venían realizando contactos para concretar un intercambio humanitario de guerrilleros presos por secuestrados, en los municipios de Florida y Pradera, en el departamento de Valle del Cauca – bajo la condición de que la zona sea desmilitarizada por el Gobierno-.
Las FARC habían propuesto canjear a 58 de sus rehenes por unos 500 de sus militantes que están en las cárceles del país.
Entre los secuestrados se encuentran la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, tres estadounidenses y decenas de militares, policías y políticos.
Por su parte, Yolanda Pulecio, la madre de Betancourt, consideró que la decisión de Uribe “es una condena a muerte para los secuestrados”.
