La jugada política y judicial de Cristina Fernández de Kirchner para llevar su reclamo por la Causa Vialidad a organismos internacionales dejó expuesto un aspecto clave de su estrategia de defensa. Ante los socios del Rotary Club reunidos en el Hotel Libertador, el juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti señaló que "no hubo ningún planteo referido a la inconstitucionalidad de la inhabilitación" ni ante la Cámara Federal de Casación Penal ni ante el tribunal.
Al analizar este punto con PERFIL, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez explicó que el sistema de protección internacional de los derechos humanos, tanto a nivel regional a través de la OEA como universal mediante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, exige como regla el agotamiento previo de todas las instancias de la jurisdicción interna.
Desde una explicación más simple, esto significa que primero hay que dar la pelea en los tribunales argentinos antes de recurrir a organismos internacionales. “Cada uno busca los argumentos que considera pertinentes y está en su derecho de hacerlo, pero no puedo opinar ni adelantar ningún criterio sobre ese tema”, sostuvo el juez al ser consultado.
Sin embargo, agregó que ese planteo “no llegó a la Corte” ni tampoco había sido discutido ante la Cámara Federal de Casación Penal, ya que la defensa concentró sus recursos en cuestionar la condena principal y las penas impuestas.
Lorenzetti se metió en el debate sobre la inhabilitación de Cristina
Luego de ser consultado por PERFIL, Andrés Gil Domínguez ratificó que “primero hay que hacer todos los planteos ante la Justicia nacional y, una vez agotada esa instancia, se habilita la posibilidad de acudir a estos organismos”.
Aclaró que eso no significa que un planteo internacional vaya a ser aceptado o rechazado, sino que se trata de un requisito formal para que pueda ser evaluado.
Desde esa perspectiva, la falta de un planteo específico sobre la inhabilitación dentro de Argentina podría convertirse en un obstáculo si el organismo internacional decide analizar ese punto de manera independiente. “Si el Comité considera que la sentencia principal viola derechos humanos, la cuestión accesoria puede quedar incluida. Pero si no considera eso, quizás analice si la inhabilitación como sanción autónoma vulnera derechos políticos”, explicó.
PERFIL intentó comunicarse con Carlos Beraldi, abogado de Cristina Kirchner, para conocer su postura sobre las declaraciones de Ricardo Lorenzetti, pero hasta el cierre de esta nota no obtuvo respuesta.
Lorenzetti también cuestionó a los “operadores” y el amiguismo en la Justicia
Lorenzetti se refirió además a la crisis de confianza que atraviesa el Poder Judicial y cuestionó lo que definió como una “política de ocupación de espacios” y la influencia de “operadores informales” en la designación de jueces.
A ese planteo sumó que continuará impulsando, el magistrado sostuvo que continuará impulsando junto a su colega Carlos Rosenkrantz una reforma del sistema de selección de magistrados a través del Consejo de la Magistratura.
Consultado sobre ese punto, Gil Domínguez consideró que las declaraciones no representan una autocrítica del máximo tribunal. “No creo que sea una autocrítica. Me parece más un acto de cinismo que de autocrítica”, sostuvo.
