Con el rechazo de Juntos por el Cambio, el oficialismo de la Cámara de Diputados logró en la madrugada de este viernes 11 de junio convertir en ley el proyecto que promueve la equidad en la representación de género en los servicios de comunicación.
La norma, que venía con una media sanción del Senado votada por unanimidad, obtuvo 134 votos positivos y 9 negativos.
Se aprobó la ley para condicionar a los medios que no tengan "equidad de género"
Juntos por el Cambio intentó frustrar la votación cuando la mayoría de sus integrantes se levantó de las bancas (o se desloguearon aquellos que seguían la sesión de forma remota) con la intención de retacear el quórum, pero no alcanzó. "No se están levantando de sus bancas porque se lo pide una radio comunitaria de Chascomús. Se están levantando de sus bancas porque se lo piden los grandes medios de comunicación de la Argentina", reprochó el diputado kirchnerista Germán Martínez.
Cómo se aplica la equidad de género a los medios estatales y privados
La norma obliga a los medios de gestión a estatal a aplicar el principio de equidad sobre la totalidad de la planta, incluyendo los cargos de conducción.
Establece a su vez que debe garantizarse una proporción no inferior al 1% de personal de personas travestis, transexuales, transgéneros e intersex, en línea con el proyecto de cupo laboral que se había aprobado una hora antes para este colectivo históricamente vulnerado.
En cuanto a los servicios de comunicación de gestión privada opera una lógica diferente: un sistema de preferencia en la asignación de pauta oficial. Concretamente, la norma crea un registro y apunta a expedir un certificado de equidad para aquellos que apliquen el principio de equidad a sus estructuras.
Aquellos servicios de comunicación privados que obtengan el certificado de equidad tendrán preferencia en la asignación de publicidad oficial.
Este fue el punto que motivó la discrepancia de Juntos por el Cambio, que alegó que un sistema de preferencia para la asignación de pauta oficial actuaría como "censura indirecta" y entraría "en colisión con el derecho a la libertad de expresión. En el mismo sentido se pronunció Fundación Libertad de Expresión y Democracia (LED).
Qué opinan en Fundación LED sobre la nueva norma para distribuir pauta oficial
La Fundación LED manifiesta su preocupación por la “Ley de Equidad en la representación de los géneros en los medios de comunicación” que "condiciona la línea editorial de los medios y acrecienta la discrecionalidad en la asignación de pauta publicitaria estatal".
Desde la organización sostienen que es el objetivo principal de la nueva normativa es "sin dudas es positivo y compartido por toda la sociedad", pero apuntan la lupa sobre el "criterio de accesibilidad a la pauta publicitaria" que maneja el Poder Ejecutivo nacional.
Se trata de la obtención de un “certificado” que emitirá la autoridad que determine el mismo gobierno, el cual acreditaría el cumplimiento de una exigencia específica a las empresas de medios de comunicación para la selección de personal con equidad de género, políticas de inclusión laboral en función de género y diversidad sexual y la promoción del uso de lenguaje inclusivo.
"Al analizar la norma sancionada no puede dejar de señalarse la importancia que todas aquellas políticas que propendan a la inclusión y equidad de géneros en todos los sectores sociales, económicos y productivos, tienen para la construcción de una sociedad más igualitaria. Sin embargo, al incorporar como requisito para el acceso a la pauta oficial la obtención de un certificado, sin criterios objetivos ni parámetros claros de ponderación, se desvirtúa el sentido del proyecto y se lo transforma en una nueva herramienta que podría condicionar la línea editorial de los medios", criticaron desde LED.
Y agregaron desde Fundación LED: "La ley no establece claramente la autoridad de aplicación que otorgaría el certificado habilitante, ni las características de clasificación o ponderación de las condiciones exigidas, como contratación de personal, cuota de género, lenguaje inclusivo o criterios objetivos para la viabilidad de la certificación".
Se destaca asimismo en el comunicado de la fundación: "Imponer condiciones diferenciadas a los medios de comunicación, como la contratación determinada por géneros, que no están previstas en ninguna ley o norma general, pone en un pie de desigualdad y de discrecionalidad, cuando tal exigencia, podría además imponer otras requisitorias administrativas, no fijadas por ninguna otra norma de alcance legal, fiscal o societario. Por lo tanto esta diferenciación pone en la órbita de funcionarios de ejecutivo nacional la aprobación o no, de las exigencias solicitadas a los medios para la asignación de pauta oficial, que serán a su vez los auditores de requisitos no previstos en el marco jurídico vigente".
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"Asimismo, continuando con la ambigüedad, la ley sancionada impone exigencias de contenidos a los medios de comunicación, que al adoptar el “lenguaje inclusivo”, de forma obligatoria por fuera de los requisitos de la Ley 26.522, 23.316 y su decreto reglamentario 933/13, sin parámetros objetivos para la adoptación del mismo, ni norma de alcance general que lo imponga como obligación dentro de nuestro idioma, podrían condicionar la línea editorial de los medios de modo claramente inconstitucional, quedando alcanzados por exigencias de tratamiento de noticias o contenidos periodísticos, culturales o informativos que condicionarían la libertad de expresión, como guía rectora, y los principios previstos en el art. 1,14, 19, 28, 75 inc. 22 de la Constitución Nacional".
"Como consecuencia de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, en el marco de la pandemia de COVID19, y habida cuenta de la suspensión y modificación de los alcances de la Resolución Nº 247/2016 de la Secretaría de Medios Públicos, que fijaba criterios objetivos para la distribución de publicidad oficial, el proceso de distribución de pauta a los medios de comunicación ha sido hasta la fecha, discrecional y poco transparente. Por lo tanto, y a partir de la ley sancionada, sin fijación de autoridad competente ni de procedimientos administrativos claros para la admisibilidad de beneficiarios de pauta oficial, según las nuevas imposiciones, se corre un riesgo de discrecionalidad mucho mayor".
LED anticipó que seguirá con atención el tratamiento de este proyecto de Ley y "realizará su aporte al debate por los canales institucionales pertinentes".
Cómo fue el debate en Diputados sobre la nueva normativa sobre pauta oficial para medios
La radical Karina Banfi aclaró que comparte "el empoderamiento de las mujeres en los medios de comunicación y de cada uno de los colectivos que no están representados en su voz", pero subrayó que eso no se puede lograr a costa de poner en riesgo la libertad de expresión de los medios.
"¿Este es un proyecto de acción afirmativa para promover el lugar de las mujeres en los medios o también aprovechamos el momento para regular la pauta oficial?", se preguntó la legisladora de Juntos por el Cambio, que acto seguido afirmó que la pauta oficial debe regularse con una ley específica.
"Cuando leemos que efectivamente se impulsa una promoción generando una obligación sobre un sector, tenemos que ser muy cuidadosos. Podemos legislar todo lo que queremos pero siempre en el marco de la Constitución", agregó. En este sentido, advirtió sobre una presunta "censura indirecta" sobre los medios de comunicación.
La diputada del PRO Silvia Lospennato reforzó los conceptos expresados por Banfi al sostener que "está mal establecer un sistema de preferencia para recibir la publicidad oficial" porque "colisiona con el derecho a la libertad de expresión garantizado en nuestra Constitución y en los tratados de Derechos Humanos". "Compartimos el espíritu, queremos acompañar la idea, estamos de acuerdo con el resto de la ley, pero no me perdonaría que por no advertir esto estemos coartando la libertad de expresión que es una garantía central del sistema republicano y la democracia", concluyó, anticipando su voto negativo.
La diputada nacional del Frente de Todos Claudia Bernazza subió la apuesta al señalar que después de escuchar los argumentos de uno y otro lado ya estaban "las cartas sobre la mesa" y en la votación quedaría en evidencia cómo se posiciona cada sector, "si a favor de la equidad de género o a favor de los intereses de los poderes reales".
La diputada del Frente de Todos Gisela Marziotta señaló que "la reacción" que esta ley produce en algunos sectores tiene que ver con que "amplia derechos y eso molesta". "Es desde los medios de comunicación donde necesitamos generar ese relato de equidad y con una transversalidad de género desde la comunicación para lograr erradicar la violencia de género", resumió.
"Necesitamos más mujeres en los medios, más mujeres en las pantallas, en los micrófonos, en las redacciones, detrás de las cámaras y en las mesas directivas de los medios", enfatizó por su parte el presidente de la comisión de Comunicaciones e Informática, Pablo Carro. Aclaró, no obstante, que "no es solamente que se sumen mujeres a los medios de comunicación sino que se incorpore una perspectiva feminista".
En el inicio del debate, la presidenta de la comisión de Mujeres y Diversidades, Mónica Macha, había destacado: "Hoy estamos poniendo en el centro de la conversación política que no somos varón o mujer, que no somos lo que nuestros genitales nos obligan, que no somos la cárcel de un cuerpo". "Esta Ley ataca al patriarcado, ataca el biologicismo. Estamos poniendo en agenda los mandatos biológicos y desmontando el binarismo", agregó.
