“La crisis es creativa y el sufrimiento hace pensar”.
Las palabras de Leonardo Boff tienen más vigencia que nunca hoy, cuando la pandemia exhibe la dimensión poliédrica de la encrucijada mundial. No hay crisis climática ajena a la crisis social; no hay crisis social ajena a la crisis financiera; no hay crisis financiera ajena a la falta de visión política de la gobernanza global.
Tras participar en una amplia serie de diálogos y foros de alto nivel, surge una convicción: la Cumbre del G20 en Roma y la Conferencia de Cambio Climático de Glasgow, que tendrán lugar entre octubre y noviembre próximos, pueden convertirse en instancias determinantes para asegurar las condiciones para la urgente y necesaria recuperación económica post pandemia, alineada con los objetivos del Acuerdo de París. Por eso, resulta necesario dar una discusión honesta sobre los mecanismos financieros que nos permitirán alcanzarla.
Ante la recesión económica por la pandemia, la inestabilidad financiera que conlleva aumentos considerables de riesgo de deuda y la urgente crisis económica, social y ambiental que estamos atravesando, es tiempo de discutir una nueva consideración ambiental en la arquitectura financiera global.
El nuevo paradigma de financiamiento climático debe construirse sobre esta realidad y el cumplimiento de los compromisos debe acompañarse con el impulso de mecanismos financieros innovadores que permitan transformar nuestro modelo de desarrollo.
Es necesario conectar el alivio de la deuda con inversiones en proyectos que contribuyan a la lucha contra el cambio climático, tanto para mitigación y adaptación, de manera balanceada. Por ejemplo, parte de la deuda podría utilizarse para la adaptación de nuestras infraestructuras, la promoción de energías renovables, la conservación y preservación de ecosistemas, la investigación y desarrollo tecnológico, el transporte sostenible y la economía circular, demostrando aportes concretos para la generación de empleo y el bien común global.
Los mecanismos como los swaps o canjes de deuda por clima mostraron su eficacia en el pasado, a pesar de haber sido implementados de forma experimental, contribuyendo a disminuir en US$ 6.000 millones el endeudamiento de países en desarrollo, con resultados tangibles en mejora de la salud ambiental.
La acción de los bancos multilaterales debe también focalizarse en la acción climática como condición para el desarrollo económico integral. La cartera de proyectos de los organismos de crédito necesita crecer de forma sustancial con una capitalización especialmente dirigida a impulsar la infraestructura resiliente, el cuidado de los océanos, la biodiversidad y la transformación de las técnicas productivas.
En el mismo sentido, es clave crear los incentivos de mercado para garantizar un mayor involucramiento del sector privado, promoviendo modelos de negocio de impacto ambiental, social y económico.
Una de las instituciones que necesita un cambio urgente en este sentido es el Fondo Verde para el Clima (FVC), creado en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMUNCC).
Debemos avanzar en un desarrollo resiliente y bajo en emisiones, para implementar el acuerdo de París
Desde su creación, el FVC arrastra deficiencias de relevancia: por un lado, la insuficiencia y no previsibilidad de los fondos disponibles y por el otro, la pesada carga burocrática que le impide operacionalizar recursos de manera ágil y efectiva, a la altura del desafío que enfrentamos.
En relación a la necesidad de aumento de fondos, es decisivo que los países desarrollados cumplan los compromisos asumidos en materia de financiamiento climático. En respeto del Principio de Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas, pilar fundamental de la CMNUCC desde 1992, deben aportar los recursos necesarios para llevar adelante políticas climáticas efectivas, incluidos los costos de la transición de los países en desarrollo.
En el Acuerdo de Copenhague de 2009, los países desarrollados se comprometieron a movilizar US$ 30.000 millones anuales en el período 2010-2012 y US$ 100.000 millones anuales para el año 2020. Sin embargo, la meta quedó lejos de ser cumplida y los recursos resultan escasos frente a las necesidades más inminentes. De los US$ 860.000 millones comprometidos, que deberían haber sido movilizados hasta el momento, solo se logró una cifra cercana a los US$ 32.000 millones, o sea, un 4% del total comprometido.
En la actualidad, sólo el 8% de los fondos fueron operacionalizados y existe una asimetría creciente entre los proyectos de mitigación, que abarcan la gran mayoría, y los de adaptación. Este desequilibrio fue especialmente subrayado por la Oficina Independiente de Evaluación del FVC.
Con respecto a la gobernanza del FVC, existen tres frentes que demandan la mayor atención. El promedio de demora para iniciar un proyecto en el FVC es de 21 meses generando altos costos administrativos. Las políticas y directivas pueden tardar entre 2 a 5 años para ser aprobadas e implementadas. Una mayor proactividad para incrementar el financiamiento climático, público y privado, precisa de mayor eficiencia, de decisiones más ejecutivas. La Junta Directiva debería delegar autoridad a la Secretaría del FVC para evitar demoras innecesarias. No podemos acostumbrarnos a que las decisiones de la organización se dilaten como hasta ahora.
En materia de innovación financiera, es necesario diversificar las fuentes de financiamiento para el FVC, considerando mecanismos que permitan aumentar su capitalización.
Una mejor gobernanza debe incluir criterios transparentes para la asignación geográfica y sectorial de los recursos, priorizando aquellos proyectos que además contribuyan al desarrollo de la pequeña y mediana empresa, al empoderamiento de la mujer, a la defensa de pueblos originarios, a la agricultura familiar.
Las operaciones del FVC deben marcar un camino para otras inversiones sostenibles, a partir de un liderazgo intelectual alimentado por sus evaluaciones de impacto, y una estrategia de cofinanciamiento que involucre cada vez más al sector privado, a bancos de desarrollo locales y a otras agencias multilaterales.
En definitiva, necesitamos un cambio de paradigma financiero para avanzar en un desarrollo resiliente y bajo en emisiones, apoyando a los países en la implementación del Acuerdo de París. La ambición nacional debe significar una nueva solidaridad global.
*Presidente del Consejo Económico y Social Secretario de Asuntos Estratégicos de la Argentina.
