Soñar un mejor reinicio fue la consigna que reunió el viernes pasado en el Vaticano, convocados por la Pontificia Academia de Ciencias Sociales, a Janet Yellen, Secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, John Kerry, enviado presidencial especial para Asuntos del Clima, los economistas Joseph Stiglitz y Jeffrey Sachs, y los ministros de Economía de Alemania, Francia, España y México, entre otras figuras internacionales.
Un nuevo comienzo significa repensar los problemas de sobrendeudamiento de los países de ingresos bajos y medios, y reflexionar sobre el rol de la banca multilateral para terminar con la pandemia del hambre en América Latina. Cuatro aspectos resultan fundamentales para avanzar en esta dirección:
1. UN BRETTON WOODS VERDE Y SOLIDARIO: Cuando en 1944 se sentaron las bases de la presente arquitectura financiera internacional, a nadie se le hubiera ocurrido imaginar que ocho décadas después el FMI anunciaría en su portal como parte de sus fines principales “promover un empleo elevado, un crecimiento económico sostenible, y reducir la pobreza en el mundo entero”. Menos que pusiera en el centro de la agenda a las emisiones de carbono, la taxonomía verde y los riesgos financieros asociados al clima.
El cambio ya ha empezado: hay que institucionalizarlo.El FMI, el Banco Mundial, los bancos regionales y subregionales, junto al Fondo Verde del Clima, deberían integrarse en una plataforma única de acción climática, en donde converjan y se potencien sus funciones particulares. La Banca Multilateral de Desarrollo debería convertirse en una Banca Verde del Desarrollo, que priorice su contribución a la reducción de la huella de carbono, la creación de empleos ambientalmente sostenibles y la inclusión de mujeres, pueblos originarios, personas con capacidades diferentes y actores de la economía popular en los trabajos verdes del futuro. Hacia 2025, más del 50% de su cartera debería estar asociada a cambio climático, por encima de la presente meta del 35% del Banco Mundial. Todos sus préstamos de política deberían incluir en adelante objetivos climáticos y sociales junto a sus metas macroeconómicas y fiscales. Los bonos verdes, los swaps de deuda por clima, energías limpias e infraestructura sostenible , la educación para una economía verde 4.0, deberían ser partes de sus laboratorios de innovación sino el foco de sus instrumentos para construir desarrollo inclusivo.
2. HACIA UN ENFOQUE POLIEDRICO DEL DESENDEUDAMIENTO: A lo largo de la última década la porción de ingresos públicos destinados al pago de la deuda en los países en desarrollo se ha triplicado. Al drama sanitario, social y laboral, se le suma el escándalo moral: hay 25 países en desarrollo cuyos servicios de deuda pública superan al presupuesto que destinan a salud, educación y protección social en su conjunto. El logro de los objetivos de desarrollo sostenible requiere en los países de renta media y baja inversiones por equivalentes al 15% de su PBI, que en estas condiciones son inviables de ser financiadas con más endeudamiento.
Desendeudar a los países en desarrollo es una misión tan prioritaria como resolver sus desafíos climáticos y de pobreza. Un nuevo marco global de reestructuración de deudas debería considerar esa triple deuda financiera, social y ambiental. Tanto los programas fiscales y monetarios como la calificación del riesgo soberano deberían ser revisados y evaluados bajo estándares analíticos que consideren más adecuadamente los efectos sistémicos favorables de los logros en descarbonización e inclusión social. Los fondos donantes y las propias utilidades de la banca de desarrollo deberían asignarse a estrategias de alivio de la deuda de países que más progresos muestren en sus metas ambientales. Esto podría incluir reducciones de tasas, extensiones de plazos o reembolsos por resultados, tanto en préstamos de inversión de bancos multilaterales como en las emisiones de bonos verdes.
3. SWAPS DE DEUDA POR DESARROLLO SOSTENIBLE: Implementados desde los años ochenta con el objetivo de abordar tanto las crisis del endeudamiento como de la deforestación de América latina, los canjes de deuda por clima favorecieron a la conservación de la naturaleza y la biodiversidad, permitiendo la cancelación de alrededor de 6 mil millones de dólares de deuda en más de 30 países. Una suma valiosa involucrada a lo largo de más de tres décadas, pero poco relevante en vista al problema global: en 2020 y 2021, los servicios de la deuda externa pública de los países en desarrollo se estiman llegarán a casi US$3,4 billones.
La herramienta de swaps de deuda por clima debe ser escalada, multilateralizada, transparentada y actualizada. Se requiere una versión remozada edificada, que sea parte de un nuevo marco global de reestructuración de deudas, que asocie el alivio financiero no sólo a la mejor protección de la naturaleza y la biodiversidad sino principalmente al crecimiento de la inversión, la infraestructura y los empleos verdes. Es necesario pasar de un enfoque de proyectos a un enfoque de programas, que vinculen tales swaps a una estrategia de crecimiento social y ambientalmente sostenible de las economías, con inversiones que impacten en una progresiva reducción de la deuda soberana como porcentaje del PBI. El alivio de la deuda, además de incluir recortes en los montos adeudados y la conversión de compromisos a externos a moneda local, debería venir atado a mecanismos de máxima transparencia y mensurabilidad en las inversiones que los países realicen. Es necesario además asegurar que esas reducciones no se vean neutralizadas con inadecuadas evaluaciones de riesgo por parte de las agencias calificadoras, que deberían valorar mejor los beneficios de esas operaciones para la sostenibilidad fiscal, social y ambiental de los países en el mediano y largo plazo.
4. UNA CAPITALIZACION VERDE DE LA BANCA MULTILATERAL: Mientras las medidas fiscales de los países más desarrollados para enfrentar la pandemia alcanzaron en promedio un 12,7% del PBI, y hasta un 27,6% del PBI en los Estados Unidos, en los mercados emergentes promediaron un 3,6% del PBI, y apenas al 1,6% del PBI en los países más pobres. En América Latina y el Caribe, quienes pudieron ir a los mercados, ampliaron su endeudamiento privado. La mayoría de los países sólo pudo recibir un mínimo apoyo adicional por parte de la banca de desarrollo regional, particularmente en mayor agilidad de desembolsos. El BID, principal financiador de la región, sólo pudo subir sus aprobaciones en un 7%, muy lejos de las necesidades de los países. Incluso debió subir sus cargos a los préstamos para no ver castigada su condición triple A.
La necesidad de inyección de capital en los bancos de desarrollo de América Latina y el Caribe existe, no sólo en el BID, también en CAF y en las demás entidades subregionales. Pero del mismo modo, existe la demanda para que se demuestre su mayor efectividad. Proponemos por ello una capitalización multifase atada a la evolución de resultados en materia climática, social y de diversidad, junto a una actualización de los marcos de concesionalidad de modo que estos valoren más adecuadamente los logros en materia ambiental de los países beneficiarios. La participación de los países no prestatarios en un proceso de este tipo podría verse favorecida con alguna ingeniería financiera que les permitiera a los países más desarrollados canalizar los derechos especiales de giro que reciban en la nueva emisión del Fondo hacia esos bancos multilaterales como activos que, sin modificar el poder de voto, puedan ser multiplicados por esas entidades en operaciones orientadas a apoyar a sus países prestatarios latinoamericanos y caribeños en el logro de esos objetivos climáticos y sociales.
*Presidente del Consejo Económico y Social.
Secretario de Asuntos Estratégicos de la Argentina.
Miembro de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales.
