La conducción del Ministerio Público Fiscal federal compete al Procurador General de la Nación, que se ocupa de temas como la corrupción, el narcotráfico, la trata de personas, el terrorismo, el contrabando, la ley de marcas, etc. No interviene en delitos comunes, que son de competencia local.
Para que cumpla eficazmente esa misión, la Constitución Nacional le asegura independencia funcional. Y si bien no prevé la duración de su designación, es evidente que si fuera por períodos breves su independencia se vería afectada. También es necesario, a fin de asegurar esa independencia, que tenga el mismo modo de designación y remoción que los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque es cabeza de un poder vinculado a la defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad ante el Poder Judicial. Eso se logra con mayorías agravadas, que al exigir el consenso de diversas fuerzas políticas evitan la imposición de una mayoría circunstancial de un solo partido.
El bochornoso discurso del Presidente al abrir las sesiones ordinarias del Congreso, en el que habló para una facción y no para todos los argentinos, debe encender todas las alarmas
Así funcionó el sistema desde 1998, cuando se dictó la primera ley de Ministerio Público tras la reforma constitucional de 1994. La pretensión del actual oficialismo de disminuir las mayorías necesarias para la designación del Procurador General de la Nación, limitar su duración en el cargo, someter al órgano a un estricto control parlamentario en temas de gestión y la modificación del tribunal de enjuiciamiento de sus magistrados demuestra que se intenta eliminar su independencia funcional.
En las últimas horas se ha intensificado el embate oficialista contra los jueces y fiscales independientes. El bochornoso discurso del Presidente al abrir las sesiones ordinarias del Congreso, en el que habló para una facción y no para todos los argentinos, debe encender todas las alarmas.
La pretensión de que el Congreso controle al Poder Judicial exhibe enorme ignorancia acerca del esquema de frenos y contrapesos establecido por la Constitución Nacional. El único control que puede realizar el Congreso se refiere a los jueces de la Corte Suprema, a través del juicio político. Para el resto de los jueces intervienen el Consejo de la Magistratura (acusación) y el Jurado de Enjuiciamiento (juicio). El Senado solo convalida o no los pliegos de jueces remitidos por el Poder Ejecutivo para. El profesor Fernández no puede ignorarlo.
Reviví el minuto a minuto del discurso de Alberto Fernández: las mejores frases
Es comprensible que para gran parte de la sociedad, abrumada por sus problemas cotidianos, estas cuestiones no despierten mayor interés. Pero hay que llamar la atención sobre los peligros que encierran estos proyectos, porque significan en los hechos algo más grave que una reforma constitucional: se traducirían en un cambio de régimen que socavaría el sistema republicano y abriría las puertas de la impunidad y el autoritarismo. Sin República no habrá libertad, derechos, progreso ni convivencia pacífica. Estamos a tiempo de reaccionar.
*Diputado Nacional (Juntos por el Cambio- PRO, CABA). **Ex Fiscal General de la CABA.
