Tres de cada cuatro desastres naturales ocurridos en los últimos 20 años se encuentran relacionados con el agua, entre ellos, fenómenos meteorológicos extremos, que provocaron sequías prolongadas, inundaciones, aludes e incendios de grandes dimensiones. Entre 2001 y 2018, según informes de la ONU, las inundaciones y las sequías causaron 166.000 muertes, afectaron a 3.000 millones de personas y costaron aproximadamente USD 700.000 millones a la economía global.
Frente a este escenario, Argentina tiene el desafío de implementar medidas de mitigación y de adaptación frente a los riesgos asociados al agua, que el cambio climático ha venido a profundizar. Factores como la escasez, la contaminación, el exceso y la falta de recuperación de sistemas acuáticos, ponen en jaque nuestra seguridad hídrica y profundizan los impactos sociales, ambientales y económicos.
Argentina en default ambiental: nuestros recursos naturales están en números rojos
Si bien Argentina es considerada una nación rica en agua, la oferta hídrica no es uniforme, sino que se concentra mayormente en la región húmeda, que representa sólo el 24% del territorio, el restante 76% posee condiciones de aridez y semi-aridez. Sumado a ello, el acceso al agua potable presenta serias limitaciones, al observarse que el 10,3% de los hogares no cuenta con acceso a la red de agua corriente y un 29,10% carece de acceso a redes cloacales.
Los eventos climáticos extremos que se han venido sucediendo en los últimos años agudizan esta fragilidad, generando impactos económicos, que aumentan las brechas sociales. En relación a ello, las inundaciones que sufrió la provincia de Buenos Aires en agosto de 2012 provocaron pérdidas económicas que ascendieron a aproximadamente a USD 3.400 millones. En tanto, en 2018, la sequía más severa en 50 años, ocasiono pérdidas de entre 6.000 a USD 8.000 millones, según estimaciones de la OCDE.
Actualmente 13 provincias se encuentran en emergencia hídrica, por presentar dificultades en la disponibilidad y en la calidad del agua. En el caso de Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires la emergencia se estableció por decreto del Gobierno Nacional. En tanto, en Neuquén, Chubut, Rio Negro, Catamarca y San Juan fue dispuesta mediante leyes provinciales. A ello se le suman las zonas que fueron declaradas en emergencia, mediante resoluciones de las autoridades de cuencas, y las localidades que la establecieron mediante ordenanzas municipales, como es el caso de algunas zonas de Córdoba.
Esta situación, hoy sistémica, pone en peligro ejes que son centrales para la vida en nuestro país, la conservación de la biodiversidad, el acceso al agua para el uso doméstico, la producción, el transporte y la energía.
Ante este escenario es urgente la celebración de un nuevo Acuerdo Federal del Agua, donde se establezcan los lineamientos generales de la política hídrica, donde prevalezca una mirada integral y se logren conciliar los intereses de las distintas jurisdicciones, y se armonicen las regulaciones, terminando con la proliferación y dispersión normativa existente hoy en día.
Los humedales necesitan una ley que efectivamente los proteja
Este acuerdo debería contar con la voluntad y participación de las universidades, los sectores productivos, las organizaciones sociales y de la sociedad civil. La solución debe ser colectiva y con reglas claras, porque al decir de Francisco “el agua es un bien imprescindible para el equilibrio de los ecosistemas y la supervivencia humana, y es necesario gestionarla y cuidarla para que no se contamine ni se pierda”
*Guillermo Celaya y Hugo Alvarez Ulloa son investigadores del Programa de Investigación en Agua y Ambiente de la Facultad de Ciencias Juridicas de la USAL.
