El acuerdo con los principales acreedores externos es una noticia alentadora para la gestión económica. La agenda del Poder Ejecutivo deberá trasladar su enfoque casi excluyente a gestionar la crisis económica interna y a arreglar con el Fondo Monetario.
La deuda incluida en la reestructuración es poco más de los US$ 65 mil millones de los que se habían anunciado.
El alivio financiero (debt relief) logrado a partir de este canje es de US$ 25.700 millones debido a que nuestro país enfrentará vencimientos de títulos externos solo por US$ 4.500 millones en los próximos 5 años, en lugar de los US$ 30.200 si no se hubiese acordado. A su vez, los pagos correspondientes al período 2025-2028 pasaron de US$ 33 mil millones a US$ 24.000 millones. Si la situación con los tenedores locales de deuda también se resuelve, el alivio financiero (debt relief) para los próximos 5 años ascendería a US$ 42.500 millones.
El próximo desafío financiero inmediato es negociar deuda con el FMI de US$ 44 mil millones, la cual comienza a amortizar a partir del año 2021. Esto representa erogaciones cercanas a los U$S 18 mil millones para el período 2022-2023.
Las negociaciones con el FMI deberán gestionarse contando con un plan económico o, al menos, ciertas medidas de acción concreta en relación con la política económica. No deberá ser solo un planteo de sostenibilidad de deuda, sino un programa con instrumentos claros para arribar a un flujo de fondos creíble a los efectos de afrontar los pagos reestructurados.
Hay poco espacio para un plan Marshall keynesiano basado en el consumo
Descomprimir el contexto macrofinanciero y evitar establecerse en cesación de pagos es reducir parcialmente el escenario de dificultades para la economía. Ciertamente, esto no se debe observar como una condición suficiente para resolver la coyuntura de retracción severa de la actividad económica pues, estabilizar las expectativas inflacionarias y cambiarias, y relanzar el crecimiento son parte de los aspectos pendientes.
El orden de magnitud de las dificultades económicas es muy profundo y solo comparable con la caída del período 2001-2002. La crisis sanitaria y el confinamiento, al principio lógico y necesario, después más discutible, acentuaron naturalmente la recesión y la caída muy fuerte de la inversión. Posteriormente, la extensión sucesiva del confinamiento obligatorio profundizó esta caída histórica de la economía generando, en consecuencia, la necesidad de un espacio fiscal y financiero mucho mayor para gestionar en el contexto de emergencia.
Si bien el acuerdo con acreedores descomprime la dinámica negativa de las reservas internacionales, la gestión económica deberá conformar una política con instrumentos claros para evitar que la dinámica contractiva perdure. Por este motivo, insistimos en la urgencia de una hoja de ruta que marque las acciones a llevar a cabo con el objetivo de estabilizar y reactivar la economía.
El año electoral seguramente tendrá como telón de fondo la visión de ajuste y ordenamiento fiscal en una economía que puede cerrar con un déficit fiscal de 9 puntos del PBI en el año 2020. Esto en oposición a una perspectiva populista en búsqueda del triunfo en los comicios de medio término y con el riesgo de que, antes de llegar a las elecciones, se genere una devaluación acelerando el proceso inflacionario, muy delicado por la emisión de pesos necesaria pero altísima. Dinámica que se generaría en un marco de reservas internacionales ya hoy muy exiguas.
Hay poco espacio para un plan Marshall keynesiano de perfil dirigista y basado en consumo. Sin dudas, deben recrearse incentivos para impulsar la inversión y las exportaciones. El problema es más de oferta que de demanda, como lo advierte gran parte de la profesión. En definitiva, desafíos inéditos que vuelven lógicas las palabras de Cecilia Todesca, “hay que ir a un Consejo Económico Social cuanto antes”.
*/**Profesores del Área Economía del IAE Business School, Universidad Austral.
