Con los números de contagios de los últimos días y el descubrimiento de circulación comunitaria de contagios de nuevas cepas, Argentina ingresó a la llamada “segunda ola de Covid-19”. En la Ciudad de Buenos Aires los contagios diarios ya superan los registros del año pasado. La situación de nuestros países limítrofes preanuncia que lo peor está por venir. La combinación de la llegada del otoño con la circulación de nuevas cepas más contagiosas generó en Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile aumentos exponenciales de los contagios y también de las muertes. Los sistemas de salud están desbordados y hay personas que fallecieron por no recibir atención médica.
La tarea fundamental es evitar que esta situación se reproduzca en nuestro país. Para ello un instrumento clave es acelerar el ritmo de vacunación. Pero al momento menos del 20% de las personas mayores de 60 años recibió al menos una dosis de algunas de las vacunas existentes. Entre trabajadores esenciales, como los docentes, ese porcentaje es aún menor. Tomado el total de habitantes de la Argentina, solo recibieron una dosis el 6.6% de la población, y ambas dosis el 1.5%. El gobierno se excusa afirmando que se trata de un problema internacional, derivado de que los proveedores de vacunas han incumplido sus contratos porque la demanda superó ampliamente la oferta. A eso se le agrega una distribución desigual, pues los 10 países más ricos monopolizaron casi el 85% de la producción mundial. Varios de ellos compraron vacunas equivalentes a 5 o 6 veces su población. Así, mientas Estados Unidos estima que logrará aplicar en algunas semanas 5 millones de dosis diarias, hay más de 100 países que no han recibido una sola vacuna.
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En nuestro caso, el Estado argentino habría comprado unas 67 millones de dosis, de las cuales recibió menos del 10%. Es cierto, por lo tanto, que el incumplimiento de los contratos es manifiesto. ¿Pero no hay solución a esta situación? En Argentina se produce el compuesto activo de la vacuna de AstraZeneca-Oxford, que está a cargo del laboratorio mABxience ubicado en la localidad de Garín, Provincia de Buenos Aires, propiedad del empresario Hugo Sigman. Al anunciarse el acuerdo comercial entre Sigman y AstraZeneca, el presidente Alberto Fernández ocupó un lugar protagónico en la conferencia de prensa. En su alocución afirmó que gracias a esta producción local Argentina se aseguraría en tiempo y forma el abastecimiento de vacunas. Pero como hemos visto, eso no sucedió. El contrato firmado establecía que AstraZeneca debía entregar al país 22.400.000 dosis. Luego, un contrato posterior incorporó 2 millones adicionales, que vendrían de India. De este total, solo fueron recibidas, después de varios meses, menos de 600.000. Es decir, el 2,5%. Y ninguna de ellas de las producidas en el país.
Desde Argentina se han exportado unas 20 millones de dosis, de las cuales ninguna ha regresado al país para inocular a nuestra población. Los principios activos son exportados a México, por pura imposición del magnate Carlos Slim: Argentina cuenta con capacidad sobrada para completar el proceso de envasado. Se podría recurrir al Instituto Biológico de La Plata o al Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba, u a otras instituciones y laboratorios públicos y privados para tener la vacuna a disposición.
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Ante el manifiesto incumplimiento del contrato, el gobierno debería intervenir el laboratorio Sigman, que sigue produciendo y exportando vacunas sin entregar las que corresponden a nuestro país antes de que sea demasiado tarde. Sin embargo, el gobierno se niega a tomar esta medida para proteger al empresario Sigman. Sus vínculos del Gobierno con los laboratorios, y en especial con Sigman, son muy estrechos: la actual viceministra de salud es Sonia Tarragona presidió la Fundación Mundo Sano de ese empresario.
El planteo que sostiene el Frente de Izquierda, de prohibición de las exportaciones e intervención del Grupo Sigman es sostenido también por referentes y expertos del ámbito de la ciencia y de la medicina. Más de 200 personalidades acaban de firmar una solicitada con un planteo similar. La Unión Europea e India prohibieron la exportación de sus vacunas ante el avance de los casos. Es el camino que debe seguir Argentina. Tenemos la capacidad de producir la vacuna para la población, es necesario que pase a manos públicas de manera urgente.
* Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero y diputado (mc) de CABA por el Frente de Izquierda.
