El 30 de septiembre de este año, en el marco del encuentro de la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Argentina, el Presidente de la Nación señaló que "Tenemos que ser capaces de construir ese contrato social de cómo queremos que sea el país que viene, entendiendo que en la Argentina nadie sobra", para luego subrayar que "cada uno de los habitantes debe tener una misión asignada para poder desarrollarse en nuestra Patria"
Desde que se inició la pandemia en marzo de este año, el Gobierno Nacional postuló discursivamente priorizar el cuidado de la vida frente a las consecuencias sociales y económicas que producían las medidas de confinamiento social, de modo de evitar la propagación del virus y el colapso del sistema sanitario. El cuidado de la vida se presentaba como el principio ético rector que proponía el Presidente de la Nación para la reconstrucción del país en la pos pandemia. Sin embargo, poco tiempo después, el 17 de noviembre, el mismo Gobierno envió al Congreso de la Nación el proyecto de Ley de “Regulación del Acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto”. En el artículo 1° del mismo, se señala que su objeto es regular el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado argentino en materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y de personas gestantes a fin de contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad prevenible. El argumento central es que la legalización del aborto no implica tomar una decisión en contra de nadie, sino solo establecer una política pública de salud para evitar muertes por abortos clandestinos.
Ante este planteo, surgen las preguntas: ¿es posible establecer una política pública sobre el aborto sin un claro principio rector respecto del valor de la vida? ¿Se puede subestimar la gravedad de la interrupción de un embarazo y los motivos que lo provocan?
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Lo que omiten expresar los defensores del proyecto es que ninguna política pública es neutral, puesto que éstas se elaboran con objetivos determinados, a partir de diagnósticos realizados con anterioridad, pero siempre priorizando la solución de algunos problemas por sobre otros. Para priorizar, necesitamos valorar. El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo está lejos de la convocatoria que el Presidente nos hizo a todos los argentinos el 30 de septiembre a construir una sociedad en la que nadie sobre y donde cada habitante tenga una misión asignada para poder desarrollarse en nuestra patria.
El renovado impulso a favor de la legalización del aborto sosteniendo que es una cuestión de salud pública que hay que zanjar rápidamente, termina por evidenciar que el principio regulador de esa política pública es solo la mujer que decide abortar, sin que importen las causas o las presiones que muchas sufren para realizarse esos abortos y sin favorecer acciones de prevención de los mismos. Enfocar el problema de éste modo implica necesariamente que no se ha investigado suficientemente sobre los motivos que llevan a alguien a abortar y que las vidas de las personas por nacer quedan sin protección; no son “vidas” para el Poder Ejecutivo, o al menos no son prioritarias para la política pública contenida en la propuesta de legalización del aborto.
El embarazo es una realidad compleja en donde la mujer se encuentra particularmente vulnerable. En esta situación, la aplicación de concepciones individualistas del derecho tiende a acrecentar el conflicto en vez de resolverlo: tristemente, para parte del discurso en pos de la legalización del aborto, la mujer que aborta en ejercicio de la libre disponibilidad de su cuerpo debe eliminar una vida para realizar un derecho.
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Esta mirada, lejos de alentar una nueva perspectiva de humanidad y de combatir la cultura del descarte, termina por invisibilizar y deshumanizar la vida humana que se gesta dentro del vientre de la madre. Por ello, no parece casual que lejos de superar dilemas morales y grietas sociales, este tipo de propuestas tienda a agudizar las diferencias entre quienes participan del debate público. El Poder Ejecutivo ha elegido plantear la cuestión a partir de una no asumida sensibilidad neoliberal, que facilita el aborto “a demanda”, según la precisa expresión del Rabino Szlajen, aun cuando a modo de extraña compensación proponga medidas para acompañar a las mujeres en el embarazo y los primeros años de sus hijos. El resultado es que la política pública de salud se torna contradictoria y fragmentaria, quedando el Estado reducido a la mera función de facilitador de recursos para el ejercicio de las preferencias subjetivas, sin conocer, evaluar y analizar los diferentes contextos y razones que llevan a la realización de abortos.
El aborto a simple demanda, suele dejar a la mujer en soledad y pasible de todo de tipo de presiones (laborales, económicas, afectivas, institucionales) frente a una decisión que suele vivirse con extrema angustia y dolor.
Ante ésta situación, ¿existe algún principio ético compartido, que nos permita establecer una política pública que proteja tanto a las mujeres en situación de aborto como a la persona por nacer? El principio compartido que podría iluminar una política pública más robusta e inclusiva es la que se inspira en la convicción de que el aborto, sea delito o no, es siempre una tragedia que hay que evitar.
Informado por éste principio, se podrían concentrar los esfuerzos sociales y los recursos materiales con la finalidad de establecer un conjunto de políticas públicas destinadas a evitar situaciones de aborto, a proteger a la mujer embarazada, al fortalecimiento de las familias que las contienen. Serían acciones positivas del Estado, que consciente de sus limitaciones, buscaría articular los esfuerzos de toda la comunidad con el objetivo de evitar la tragedia del aborto.
La mejor manera de suturar grietas sociales es evitando los abortos, no liberalizándolos para favorecerlos. Estas acciones positivas no implican eludir la discusión sobre si el aborto en ciertas circunstancias debe ser un delito penalmente tipificado o no. Esta necesaria discusión se iluminaría mejor si primero avanzamos sin demoras en un camino que se esfuerce en prevenir los abortos y sus siempre dolorosas consecuencias. Si hay algo que modificar en forma urgente es el punto de partida de nuestras reflexiones sobre el aborto, para salir de la dialéctica que trasforma la tragedia en un derecho, así como de la convicción de que la vida se defiende solo con el código penal.
Reconociendo la fragilidad del tiempo que nos toca vivir, nuestra reflexión intenta favorecer una discusión pública extendida, serena y sin hipocresías sobre la conveniencia de las reformas legales, en el marco de nuestra Constitución y a partir de la defensa de la vida: de todas las vidas.
* Guillermo Jensen. Director del Instituto de Investigación- Facultad Ciencias Jurídicas USAL. Juan B. González Saborido. Abogado, docente e investigador USAL.
