Esta semana, diversas organizaciones de la sociedad civil presentamos al Senado de la Nación y a la opinión pública un anteproyecto de ley sobre organización y funcionamiento del Consejo de la Magistratura de la Nación que pueda servir como contribución al debate que debe darse en el Congreso Nacional ante la sentencia dictada por la Corte Suprema declarando la inconstitucionalidad de la ley actual.
El proyecto tiene como idea central rescatar la intención de los constituyentes de 1994 cuando incorporaron al Consejo de la Magistratura a la Constitución Nacional, expuesta por el miembro informante sobre el tema, el convencional Enrique Paixao: “Existe un reclamo generalizado, y a satisfacerlo se orienta la reforma, en el sentido de que sea potenciada la independencia [de la justicia] respecto de la política “menor” (en especial, de la política partidaria)”. Estaban muy frescos todavía los reclamos sociales por la falta de independencia de muchos jueces, de quienes se decía resultaban permeables al poder político.
Para lograr esto necesitamos orientar el debate en torno a algunas ideas centrales. Por un lado, debemos garantizar el equilibro de los estamentos representados en el Consejo, para cumplir con el mandato constitucional. Además es medular sostener su independencia de toda influencia de la política partidaria. Más allá del origen de quienes integren el Consejo, sus miembros deben actuar a título personal y no recibir instrucciones de partido político o entidad de ningún tipo.
Sus miembros deben actuar a título personal y no recibir instrucciones
Otro tema que suscita debate es quién debe ejercer la Presidencia del organismo. A nuestro criterio debe hacerlo el presidente de la Corte Suprema, a fin de coordinar el gobierno del Poder Judicial, en cabeza de la Corte Suprema, con su administración, a cargo del Consejo. Y para asegurar la independencia e idoneidad de los jueces debemos avanzar en la objetivación y despolitización de los concursos para cargos judiciales. La reforma de 1994 buscó que el Consejo sea un órgano técnico, no político partidario ni deliberativo, que se encargue de presentar al Poder Ejecutivo la terna de candidatos con criterios objetivos, dejando a la política partidaria la selección final del elegido. Es por ello que necesitamos reducir la influencia de la “entrevista personal” de los candidatos, frecuentemente utilizada para “acomodar” a los candidatos “amigos”. La etapa de la política “de partidos” queda en la elección presidencial del candidato y en el acuerdo que debe prestar el Senado de la Nación.
Otras cuestiones que urge abordar son la Jerarquización de la escuela judicial, con la finalidad que sea un nivelador de calidad y que evite preferencias indebidas entre quienes compiten por su designación; establecer una regulación más estricta del proceso de remoción de jueces, buscando evitar las presiones sobre los miembros del jurado de enjuiciamiento y la utilización de las denuncias como herramientas para “disciplinar” a jueces “díscolos”; y transparentar los procesos y el acceso a la información, con la finalidad de mejorar la gestión judicial y el control público de la actuación de todos los integrantes del Poder Judicial.
Un debate franco y desprovisto de pequeñeces e intereses mezquinos y sectoriales nos permitirá comenzar a revertir la crisis en la que se encuentra –lamentablemente– el Poder Judicial de la Nación.
*Presidente del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores).
