El 14 de noviembre de 1993, el entonces presidente Carlos Menem y su antecesor en el cargo, Raúl Alfonsín, firmaron el Núcleo de Coincidencias Básicas. El entendimiento, bautizado “Pacto de Olivos” fue respaldado por los máximos órganos de conducción partidaria del PJ y la UCR. En efecto, el acuerdo sentó las bases de la reforma constitucional que se concretaría al año siguiente.
Pero la idea de cambiar la Constitución no era nueva. Ya en 1985, el Consejo Para la Consolidación de la Democracia, creado por Raúl Alfonsín y coordinado por el jurista Carlos Nino, había comenzado a debatir el tema. De hecho, el órgano asesor del presidente redactó tres documentos. El primero de ellos, presentado en 1986, fue “Presidencialismo vs. parlamentarismo: materiales para el estudio de la reforma constitucional”. Luego hubo dos dictámenes preliminares del Consejo sobre la posible modificación de la ley fundamental. Todo ese material fue publicado por Eudeba.
Con este precedente, dos días después de la cumbre en Olivos, los diputados radicales y peronistas presentaron en el Congreso un proyecto que establecía la necesidad de reformar la Constitución. Así, el Núcleo de Coincidencias Básicas fue incluido en el artículo 2 de la sancionada Ley 24.309. Cumplido el trámite legislativo, el 10 de abril de 1994 se realizó la elección de convencionales constituyentes. Sobre un total de 305 representantes, el PJ obtuvo 134, la UCR 74, el Frente Grande 31 y el Modin, la fuerza liderada por Aldo Rico, 21 escaños. La asamblea reformadora, presidida por el senador Eduardo Menem, sesionó en las ciudades de Santa Fe y Paraná durante 90 días. El nuevo texto fue aprobado el 22 de agosto de 1994.
Pese la conformidad general, había objetivos dispares. Por un lado, el justicialismo quería habilitar legalmente la reelección presidencial de Carlos Menem para 1995. Al mismo tiempo, buscaba reforzar el poder de las provincias ante gobierno central. Antonio Cafiero, Carlos Corach y Augusto Alasino, entre otros, resumieron el sentir del peronismo y su visión positiva sobre el acuerdo.
A su turno, según lo explicó Raúl Alfonsín en su libro Democracia y Consenso, la intención de la UCR, compartida por buena parte del arco político, consistía en atenuar el presidencialismo. Para ello se acordó reducir el mandato del jefe de Estado de 6 a 4 años. Además, la naciente figura del jefe de Gabinete fue pensada al estilo de un primer ministro europeo. Por otra parte, con la intensión de respetar la disidencia y sostener el bipartidismo, surgió el tercer senador por cada provincia. A su vez, la creación del Consejo de la Magistratura buscó mejorar la designación de jueces, el ballottage reemplazó al colegio electoral y la Ciudad de Buenos Aires alcanzó su autonomía. A favor del pacto y sus frutos argumentaron, por ejemplo, Enrique Paixao, Jesús Rodríguez y César Jaroslavsky. No obstante, en lo político no faltaron voces críticas. Y desde la teoría jurídica Mario Serrafero, en su trabajo Exceptocracia sostiene que la reforma generó un presidencialismo reforzado.
Con todo, además de eliminar el requisito confesional y crear entes de control, la nueva Carta Magna jerarquizó los derechos humanos universales, como también aquellos considerados de tercera y cuarta generación. También fijó normas para resguardar la democracia y el orden constitucional.
Sin dejar de ver las falencias institucionales vigentes, el pacto firmado hace 25 años intentó mejorar la calidad democrática. Por la importancia y el rol de los protagonistas, constituye uno de los hechos fácticos más relevantes de la historia reciente. Las metas trazadas se cumplieron parcialmente. Aun así, el Núcleo de Coincidencias Básicas demostró la trascendencia y la legitimidad que el diálogo le imprime a la política.
*Lic. Comunicación Social (UNLP). Miembro del Club Político Argentino.
