En buena medida se podría decir que el primer mes y medio del gobierno de Alberto Fernández debió ser destinado a construir las condiciones para la renegociación de la deuda externa, cuyo desenlace signará el conjunto del mandato del presidente. En efecto, el peso del endeudamiento externo es uno de los mayores condicionamientos económicos y políticos que heredó el país después de la gestión de Macri.
El propio Fernández se propuso lograr un resultado antes del 31 de marzo, pero lógicamente las negociaciones recién están dando sus primeros pasos. Sin embargo, vale la pena detenerse en dos definiciones políticas que el gobierno nacional puso por escrito en la Ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Emitida Bajo Ley Extranjera. Son dos definiciones que contrastan con la praxis macrista, que marcan un nuevo rumbo y que, consecuentemente, más adelante podrán servir como criterios de evaluación de los resultados de las negociaciones.
Crecimiento económico, reestructuración de deuda y estabilización
La primera de ellas establece que la sostenibilidad de la deuda pública “deberá ser compatible con la recuperación de la economía productiva y con la mejora de los indicadores sociales básicos”. Podría decirse, a tono con el revival del 2003 que trajo el Frente de Todos, que se trata de una paráfrasis de aquella filosofía nestorista de que “los números deben cerrar con la gente adentro”.
La segunda definición es “recuperar en su integridad el ejercicio de la autodeterminación financiera y económica de la República Argentina”. Una formulación que se podría traducir en términos doctrinarios como la recuperación de la independencia económica del país y que también resuena en las palabras del ministro de Economía Martín Guzmán, quien recientemente aseguró que el gobierno apuesta a “un programa económico diseñado y ejecutado por nosotros”.
Amplían los beneficios fiscales para que traigan el dinero del exterior
El gobierno del Frente de Todos arriesga buena parte de su capital inicial en estas negociaciones, cuyo resultado es incierto por definición, e incluye un conjunto de elementos que las autoridades argentinas no pueden controlar. De ahí la importancia de que el gobierno se aferre a las definiciones mencionadas para transitar semanas que estarán cargadas de tensiones. ¿Ellas garantizan por sí mismas el éxito de las negociaciones? No. Pero sí facilitan que se sostenga la representatividad social del nuevo gobierno, emanada del mandato de las urnas.
Endeudar y fugar
Además de las renegociaciones del capital, los intereses y/o los plazos de vencimiento de los títulos de deuda pública y del crédito con el FMI firmado por Macri, otro aspecto importante de la discusión sobre la deuda externa es el esclarecimiento del uso que se le dio a los dólares que ingresaron al país.
Hace pocos días se conoció que, durante los cuatro años de gestión macrista, la fuga de capitales superó los 88 mil millones de dólares, sobre un total de deuda emitida por poco más de 101 mil millones de dólares, tomando los datos elaborados por el OCEPP. En otras palabras, que 9 de cada 10 dólares que entraron a la Argentina entre 2016 y 2019 se utilizaron para financiar la fuga de capitales, tal como el propio Alberto Fernández denunció durante la campaña electoral.
Las indefiniciones de Guzmán cambian el humor del mercado
Tal como viene sosteniendo hace más de veinte años el historiador e investigador Eduardo Basualdo, el endeudamiento externo y la fuga de capitales no son dos fenómenos autónomos sino que, en etapas donde la economía del país está regida por modelos sustentados en la valorización financiera, uno representa la contracara del otro. Es lo que sucedió hasta 2001, y lo que nuevamente volvió a darse durante el macrismo.
Para el gobierno argentino se presenta la oportunidad de promover una investigación que deje en evidencia uno de los mecanismos financieros más nocivos para el desarrollo nacional, desnude el incumplimiento de una de las condiciones básicas que establece el reglamento del FMI para sus préstamos y permita tomar medidas para enfrentar estas prácticas. De hacerlo, esta investigación seguramente arrojaría resultados muy contundentes a la hora de contestar la pregunta que Cristina Fernández de Kirchner formuló repetidamente: ¿quién debe pagar la deuda?
* Filósofo y analista político, director de Oleada.
