Entró en vigencia el derecho a reparar en Europa, de acuerdo a la ley aprobada el pasado 25 de noviembre de 2020 por el Parlamento Europeo.
Este derecho tiene varias aristas. La primera es que los fabricantes deben ofrecer piezas de repuesto, actualizaciones de software y los manuales de reparación de los productos de una manera clara y fácilmente legible en el momento de la compra. Por el otro lado, dando un giro de 180 grados a lo que venía ocurriendo en la sociedad de consumo, esta normativa busca que las reparaciones sean sistemáticas, rentables y atractivas para los consumidores.
Para incentivar a los consumidores a reparar se fomentará la normalización de las piezas de los productos. Establecerá un plazo mínimo obligatorio para la provisión de repuestos, garantizará un precio razonable de esas piezas, que torne rentable la industria de la reparación. Se ampliarán los plazos de garantía tanto de los productos nuevos -10 años-, como también se evaluará establecer una garantía legal de las reparaciones realizadas. Se buscará alentar la profesión de reparadores ya sea autorizados como independientes.
Todas estas medidas buscan evitar la obsolescencia programada de las cosas, aumentar la vida útil de los electrónicos, y en consecuencia lograr un mundo más sustentable.
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Se estima que con estas medidas se ahorrarán unos 16 kilos de basura electrónica por año, por cada ciudadano europeo. Se dejarán de gastar 711 millones de metros cúbicos de agua al año gracias a la reparación de las lavadoras y 16 millones por los lavavajillas, según estimaciones realizadas.
¿Qué es la obsolescencia programada?
La obsolescencia programada consiste en que el fabricante determina la duración del producto, ya sea acortándole su vida útil o directamente dejando de prestarle asistencia técnica.
El concepto de obsolescencia programada tomó fuerza en 1932, cuando EEUU estaba sumergido en la gran depresión económica. Su objetivo era obligar a las fábricas a producir bienes que se deterioraban fácilmente y tuvieran que ser sustituidos, reactivando de ese modo el consumo. Llegaron al punto de querer imponer la obsolescencia por ley, es decir los productos tendrían una fecha de expiración y vencido el plazo todos deberían entregarlos, aunque funcionaran, para tomar uno nuevo.
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El caso típico y que se menciona siempre sobre el tema es el de la lamparita eléctrica. ¿Cómo es posible que en 1911 una lamparita tuviera una duración certificada de 2500 horas y cien años después su vida útil se haya visto reducida a la mitad? Phoebus era el nombre del cartel que redujo la duración de las lamparitas de 1500 horas a 1000 horas en 1940 y menos aún, con el trascurrir de los años. En ese cartel mundial estaban OSRAM, Phillips, General Electrics, y empresas de todo el mundo.
Todas estas medidas buscan evitar la obsolescencia programada de las cosas, aumentar la vida útil de los electrónicos, y en consecuencia lograr un mundo más sustentable.
En oposición se creó la bombilla de Livermore. Esa bombilla fue creada en Ohio, y su filamento fue diseñado por Adolphe Chaillet. Una de esas bombillas fue instalada en el cuartel de bomberos de esa ciudad en 1901 y sigue funcionando sin interrupción hasta hoy. Se puede ver por internet a través de una webcam, que dicho sea de paso ya tuvieron que cambiar dos veces. Llamativamente se rompieron dos webcam y la lámpara sigue funcionando.
Sin embargo, el mundo está cambiando y las nuevas generaciones ya no ven con buenos ojos el consumismo indiscriminado. Existe una nueva tendencia orientada a compartir y alquilar, aparecen las aplicaciones de economías colaborativas. El Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) calcula un potencial de 110.000 millones de dólares y actualmente mueve 26.000 millones por año. Volviendo al ejemplo de la lamparita, hoy tenemos las luces led que duran entre 50.000 y 100.000 horas.
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El modelo Francés
La Asamblea Nacional francesa aprobó el año pasado un sistema muy particular para fomentar las reparaciones, consistente en un índice de calificaciones de reparabilidad de electrodomésticos. Con este sistema se espera que en los próximos 5 años se aumente en un 60% la tasa de reparación de productos electrónicos.
Este índice que ya está vigente desde enero de este año usa un sistema de calificaciones que se calculan con base a cinco criterios: facilidad de reparación, precio de las piezas, disponibilidad de repuestos, disponibilidad de documentación de reparación y una medida final que varía según el tipo de dispositivo. A partir de los 12 meses de la vigencia, se impondrán multas que pueden llegar a los U$S20 mil para los productores, distribuidores y vendedores que no cumplan con ello. Se prevé para el 2024 otro dato que ayude al consumidor a elegir el producto que será el índice de durabilidad.
Se espera que este sistema sea replicado por otros países de la Comunidad europea. Las asociaciones de consumidores ven positivamente este sistema.
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Un poco de racionalidad
Para ilustrar las bases de esta normativa se menciona que el consumo europeo está siendo sostenido por recursos extraídos y procesados fuera del continente. Se pretende, de acuerdo al 7° Plan de Acción Medioambiental de la UE, que para 2050 el consumo de Europa esté dentro de los límites y posibilidades ambientales. Hoy en día se necesitaría 2,8 planetas Tierra para poder satisfacer el consumo, si todos los habitantes del planeta pudieran consumir como los europeos.
Este andar hacia la racionalidad en el consumo parece que ya está en ritmo. Antes de esta nueva normativa, en 2016, el Parlamento Europeo aprobó el informe “Sobre una vida útil más larga de los productos: beneficios para los consumidores y las empresas (2016/2272(INI))”, y la UE estableció medidas para una economía más sostenible, relacionada con la prevención de residuos y el diseño de productos.
Todas estas primeras iniciativas son prometedoras, pero somos los consumidores que debemos exigir más acciones en esta dirección, para construir un real cambio de paradigma hacia una economía robusta y menos consumista.
