Hace algunos años, los politólogos Scott Mainwaring y Aníbal Pérez Liñán elaboraron ciertas categorías analíticas para clasificar los distintos regímenes en América Latina, superando las tradicionales (y agotadas) dicotomías entre democracia y dictadura. En palabras de los autores, ya no se trata de afirmar si un país es democrático o no, sino de medir el grado de democracia que presenta y así estudiar aquellos regímenes híbridos en donde, por más que el voto está garantizado, no son consideradas democracias per se. Así, los autores mencionaron a Nicaragua como un caso de “autoritarismo competitivo” en donde, si bien se desarrollan comicios de manera relativamente frecuente, estos no son ni libres ni justos, existe una persecución hacia los opositores, los mecanismos de rendición de cuentas son débiles o nulos y se violan sistemáticamente los derechos civiles y políticos: todo lo que hoy sucede en Nicaragua bajo el gobierno del presidente Daniel Ortega y su mujer, la vicepresidenta Rosario Murillo.
El pasado 7 de noviembre se desarrollaron unas elecciones presidenciales cuyos resultados estaban anunciados de antemano. Entre las opciones en la boleta figuraban el actual presidente, Ortega, que buscaba su cuarto mandato consecutivo, y otros cinco candidatos denominados “satélites”, esto es: elegidos por el presidente para simular una elección competitiva que en la práctica no lo es, ya que no solo los candidatos son todos oficialistas sino que la oposición se encuentra encarcelada o exiliada en el extranjero.
¿Pero cómo llegó Nicaragua a esta situación política? Desde que Daniel Ortega asumió la presidencia, en el año 2007, su gestión estuvo marcada por una progresiva concentración del poder por medio de la persecución a opositores y la intimidación a medios de comunicación críticos con su gestión. Incluso, en 2017 modificó la Constitución para obtener la reelección indefinida. Así, este líder guerrillero que llegó al poder con el fin de reivindicar la ilusión sandinista, se fue convirtiendo en el jefe autoritario que él tanto criticaba. Pero todo empeoró a partir de 2018, cuando unas manifestaciones contra la reforma del sistema de seguro social desembocaron en un masivo levantamiento popular. Durante los meses siguientes, los ciudadanos nicaragüenses reclamaron por el estado de la economía, contra la violencia, la inseguridad y los abusos de poder. Sin embargo, contrariamente a lo demandado por la ciudadanía, el gobierno se volvió aún más represivo llevando a restringir las reuniones de opositores en espacios públicos, los medios de comunicación críticos al oficialismo y cualquier tipo de manifestación contra Ortega y Murillo. Desde entonces, 100 mil periodistas y opositores tuvieron que huir de Nicaragua y quienes decidieron quedarse fueron encarcelados, como el caso de la opositora Cristiana Chamorro. Al día de hoy no existen partidos políticos de oposición ni medios independientes, y Ortega gobierna con cientos de denuncias por violaciones a los derechos humanos.
Por todo esto, estos comicios presidenciales fueron denominados una “farsa electoral”. Desde el exterior, periodistas opositores y activistas de derechos humanos llamaron a la población nicaragüense a no acudir a las urnas ni salir a las calles, para no reivindicar las maniobras de Ortega. Y si bien el presidente obtuvo el 75% de los votos válidos emitidos, la realidad es que la gran triunfadora del domingo fue la abstención electoral, ya que casi el 80% de los ciudadanos decidió no ser cómplice de los comicios más controvertidos de la región.
¿Y qué puede suceder a partir de ahora? Ortega deberá enfrentarse a un país con una seria crisis política e institucional, una sociedad agotada de los abusos de poder y una economía al borde del colapso. Incluso, como consecuencia de lo sucedido el domingo, la administración Biden ha manifestado que planea realizar un bloqueo económico a Nicaragua, lo que presentaría una seria amenaza ya que el 60% de su producción se exporta a Estados Unidos. El año 2022 será de una gran incertidumbre para Nicaragua y la comunidad internacional estará a la expectativa de los próximos pasos del régimen.
*Licenciada en Ciencias Políticas (UCA). Investigadora del Centro de Estudios Internacionales (CEI-UCA).
