La preocupación ambiental se ha incrementado en las últimas décadas. El cambio climático ha adquirido mayor protagonismo en la agenda pública, la aparición de objetivos verdes, el frenesí de movimientos por la acción climática liderados por la juventud, el desarrollo de instrumentos jurídicos internacionales y acuerdos multilaterales entre naciones, el auge de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, son claras muestras de un despertar de conciencia ciudadana que sacude al Siglo XXI.
Globalmente, el 2020 nos impactó de lleno, con una pandemia que puso a prueba todo lo conocido, agudizó problemas estructurales, generó nuevos y desnudó sin pudor los que arrastramos hace años. Los problemas son muchísimos y ocupan todos los espectros posibles, pero es dable destacar dos: los efectos en la salud de la población y los efectos en nuestra economía (todos los indicadores coinciden que estamos inmersos en una crisis económica sin precedentes). Sin embargo, la pandemia COVID-19 significa una oportunidad para reflexionar sobre nuestra relación con el ambiente y cómo articula con las prácticas productivas que venimos desarrollando. Esto es así, porque entendimos que la pandemia es consecuencia directa de nuestras acciones. De este modo, conceptos como desarrollo sostenible, acción climática, economía circular, gestión de residuos, consumo responsable, han cobrado protagonismo en los debates a la hora de pensar la pospandemia.
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En Argentina, además de los efectos de la pandemia, nos encontramos atravesando un momento crítico. Las llamas no cesan, la biodiversidad de nuestros ecosistemas se ve profundamente afectada como así también la salud, seguridad y vivienda de la población. Los incendios tuvieron y tienen consecuencias negativas en 11 provincias: Santa Fe, Corrientes, Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa, San Luis, Santiago del Estero, Misiones, Catamarca y La Rioja. En total, han arrasado hasta el momento más de 120.000 hectáreas.
Existe un espeso marco normativo en materia de protección ambiental para que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en conjunto con el Ministerio de Seguridad junto a los Gobiernos provinciales y locales articule un plan de manejo contra el fuego para la prevención y combate de incendios. A su vez, la legislación vigente permite que los órganos judiciales actúen previniendo, investigando y de ser necesario, sancionando a los responsables.
Los incendios tuvieron y tienen consecuencias negativas en 11 provincias: Santa Fe, Corrientes, Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa, San Luis, Santiago del Estero, Misiones, Catamarca y La Rioja. En total, han arrasado hasta el momento más de 120.000 hectáreas.
Los incendios comenzaron en el Delta del Paraná (el segundo delta más grande de Latinoamérica) en enero y febrero. Al día de hoy, no han cesado ni disminuido, sino que han aumentado. Por esta razón, en junio presentamos un pedido de informe solicitando al Poder Ejecutivo un raconto de las acciones motorizadas para garantizar el cumplimiento de la Ley 26.562 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para el Control de Actividades de Quema, la Ley 26.815 de Manejo del Fuego y el Sistema Nacional de Alerta Temprana y Evaluación de Peligro de Incendios y sobre el rol que estaba teniendo el Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA) en la mitigación de las quemas.
En las provincias de Santa Fe y Entre Ríos las quemas son un problema histórico, pero en esta ocasión una serie de factores provocaron el peor de los escenarios: bajante historia del Río Paraná (el nivel del Río llegó a 0,46 como no sucedía hace 50 años atrás), sumado a que la sequía extrema y los potentes vientos, son una combustión asegurada para el fuego. Mientras tanto el Ministro de Ambiente Cabandié señala a los productores agropecuarios como los responsables directos, pero la realidad muestra otro escenario: parte de los productores agropecuarios intentando morigerar las llamas con medios que no son aptos para ello y con poca ayuda estatal. Lo peligroso del discurso oficial es el hecho de que no busca generar soluciones pues produce un todos contra todos, un ámbito fértil para que se enciendan los fundamentalismos ambientales que denostan la actividad productiva y posiciones ultra productivistas que desdeñan cualquier intento por proteger los recursos naturales.
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El desafío que nos interpela es otro, está en construir un camino donde todos seamos parte, donde comulguen todas las ideas y realidades en pos de soluciones que nos beneficien desde el aspecto social, económico y ambiental. Para ello, es necesario lograr los equilibrios y consensos necesarios entre el desarrollo productivo y el cuidado al ambiente, en otras palabras un desarrollo sostenible.
Todo este escenario generó una gran ventana de oportunidades para volver a poner en agenda la necesidad de una Ley de Presupuestos Mínimos de Protección, Conservación, Uso Racional y Sostenible de los Humedales. Actualmente, existen 11 proyectos sobre humedales presentados en el Congreso Nacional.
Es dable destacar que el tema de humedales no es nuevo, en primer lugar porque nuestro país fue firmante en el año 1971 de la “Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional” (comúnmente conocida como Convención Ramsar, aprobada en 1991 por Ley 23.919 y su texto ordenado por Ley 25.335 en el año 2000), a su vez porque estuvimos muy cerca de tener una ley de humedales ya que existieron dos proyectos que obtuvieron media sanción del senado durante el 2013 y en el 2016, no obstante estos intentos no prosperaron y se perdió su estado parlamentario.
Es necesario lograr los equilibrios y consensos necesarios entre el desarrollo productivo y el cuidado al ambiente, en otras palabras un desarrollo sostenible.
Los servicios ecosistémicos que brindan los humedales son muchos y muy valiosos; provisión de agua dulce, de materiales para la construcción, alimentos para personas y animales, mitigan el cambio climático, son el hábitat donde se cría y desarrollan el 40% de las especies del mundo, funcionan como esponjas para control de crecidas y sequías, almacenan carbono, en fin permiten el desarrollo productivo, la recreación y el turismo. De este modo, se configuran como base de economías regionales donde el acceso al agua brinda posibilidades de desarrollo. La contracara es que los humedales están disminuyendo en cantidad y calidad por el desarrollo de la vida del hombre, desde 1975 tres veces más que los bosques.
Por todas estas razones, junto a la Dip. Nacional Brenda Austin y al Dip. Nacional Gustavo Menna presentamos un proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Protección, Conservación, Uso racional y Sostenible de los Humedales. En él incorporamos la definición de la Convención Ramsar y la consensuada y aprobada por el COFEMA en 2016. Además, proponemos identificar con qué humedales contamos, dónde están ubicados y qué actividades allí se desarrollan a través de un Inventario Nacional de Humedales. Por otro lado, planteamos que las jurisdicciones provinciales realicen su ordenamiento ambiental del territorio en un proceso participativo con la ciudadanía, con los gobiernos locales y con datos científicos de calidad aportados por las comunidades académicas, entre otras medidas que aspiran al uso racional y sostenible.
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El Congreso tiene hoy la obligación de cumplir con la manda constitucional y los compromisos internacionales contraídos, para ello se requiere vocación de diálogo, de escucha y de consenso para así lograr una ley representativa que contemple a todas las voces, que compatibilice intereses y que estos no bloqueen el debate. Por muchos años se privilegió el crecimiento económico por sobre la protección del ambiente. Ahora, es momento de repensar la forma en la que producimos y avanzar en la idea de producción sostenible, que posibilite el desarrollo económico con la protección del ambiente y redunde en beneficios para la sociedad.
* Diputada Nacional.
