Cuando los fiscales que llevan adelante el juicio por el crimen de Candela Rodríguez revisaron los cuerpos de la causa, encontraron serias irregularidades cometidas por la policía bonaerense, que fueron denunciando a lo largo de la instrucción.
Fuentes judiciales indicaron a PERFIL que se abrieron 20 investigaciones preliminares a partir de las denuncias de los fiscales Pablo Galarza, Mario Ferrario y Antonio Ferreras que avanzaron sobre la hipótesis de la existencia de un pacto de silencio entre la bonaerense y la familia de la nena.
Desde el momento de la desaparición, el expediente estuvo en manos de Marcelo Tavolaro, desplazado tras el hallazgo del cuerpo, igual que el juez de Garantías Alfredo Meade.
Pese a los indicios que en las primeras horas de la desaparición apuntaban a San Martín, la policía de la Provincia demoró siete días en irrumpir en el asentamiento donde habría permanecido retenida Candela.
Los fiscales aseguraron en el juicio que, en ese momento, las personas que secuestraron a Candela, trasladaron a la niña a la vivienda de la casa rosa, ubicada en la calle Kiernan, donde permaneció unas horas y fue entregada a Hugo Bermúdez, quien habría matado a Candela mientras la abusaba.
En los alegatos, Galarza, Ferrario y Ferreras pidieron prisión perpetua para Bermúdez y Leonardo Jara por privación ilegítima de la libertad coactiva seguida de muerte y ocho años para Fabián Gómez, acusado como partícipe secundario del secuestro.
