Los oficiales José Nievas y Fabián López, dos de los tres policías acusados del crimen de Lucas González, admitieron ante la Justicia haber disparado con sus armas contra el auto en el que iba la víctima. Los miembros de las fuerzas de seguridad lo reconocieron hoy en la declaración indagatoria.
Nievas, López y el inspector Gabriel Alejandro Isassi declararon hoy ante el juez de instrucción Martín Del Viso, aunque no aceptaron preguntas. En la declaración frente a la Justicia, también contaron que hicieron sonar la sirena, aunque no encendieron las luces azules del auto porque "no funcionaban".
Según trascendió de fuentes judiciales, los policías se quebraron y lloraron en varias oportunidades. Los acusados dijeron haberse bajado del auto Nissan Tiida de la Brigada de Investigaciones de la Comuna 4 al grito de "policía", con los chalecos identificatorios puestos.
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Isassi describió las maniobras del VW Suran en el que desplazaban los cuatro jóvenes como "sospechosas" y afirmó que pensó que podía tratarse de algo vinculado con drogas, aunque no explicó por qué. Según contó, en dos oportunidades hicieron sonar las sirenas y dieron la voz de alto. Dijo que no fueron escuchados por los jóvenes, que se escaparon y rozaron el auto de la brigada, según la agencia de noticias Noticias Argentinas.
Isassi, al igual que los otros dos imputados, no se refirió a la supuesta arma que encontraron en el auto de los chicos. Según el fiscal Leonel Gómez Barbella, todo indica que esa arma de juguete fue "plantada".
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La declaración de Nievas, que era quien manejaba el vehículo de la brigada, fue en el mismo sentido que la de Isassi pero, en su caso, reconoció haber disparado. Por su parte, López también lloró durante la indagatoria y admitió haber disparado. Detalló que lo hizo desde la parte posterior de la Suran porque escuchó detonaciones y supuso que sus compañeros estaban en peligro.
Además, contó que la orden de detener el auto en el que viajaba Lucas González la dio Isassi. Los tres pidieron ser alojados en una celda alejada del contacto con presos comunes porque desde que se presentaron detenidos sufren amenazas sobre golpizas, violaciones o incluso de muerte.
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