Nunca llegaron a destino. Versiones, hipótesis y disparatadas teorías se tejieron durante casi todo un mes –el de noviembre de 2009– en torno a la desaparición de una familia compuesta por cuatro miembros: Luis Fernando Pomar; su esposa, Gabriela Viagrán (36), y sus hijas, María del Pilar y Candelaria, de 3 y 6 años.
Fueron 24 días de angustia para su entorno y varias horas de televisión dedicados a un misterio que no era tan grande. Extensos rastrillajes –pedidos por el instructor Paul Starc, hoy fiscal federal– a la Bonaerense que no lograron dar con el auto volcado entre pastizales a un costado de la ruta 31, a unos 40 kilómetros de Pergamino, la ciudad a la que se dirigían antes del accidente.
Ayer, ocho años más tarde, el juez correccional Carlos Picco, del departamento judicial Pergamino, condenó a dos policías por la “desidia” en la que incurrieron al haber falsificado actas del rastrillaje para localizar a la familia Pomar. ¿La pena? Un año y dos meses de prisión en suspenso para el ex comisario Daniel Fabián Arruvito y a un año de prisión en suspenso para el ex teniente Luis Quiroga por el delito de “falsedad ideológica de instrumento público”, en tanto que se absolvió al ex teniente Benito Barcos, el único que continúa en actividad.
En el momento de la búsqueda, los tres uniformados se desempañaban en la Patrulla Rural de Pergamino y en el destacamento de Gahan, distante 20 kilómetros del lugar donde fue hallado el Fiat Duna Weekend rojo, en el que se trasladaban los Pomar. En las actas de rastrillaje que confeccionaron aseveraban que habían buscado en la ruta, en las alcantarillas y en los puentes rastros del accidente, lo cual resultó falso.
“Son unos perejiles”, sentenció María Cristina Robert –madre de Gabriela Viagrán– sobre los tres policías juzgados y dijo que “en el juicio no estuvieron todos los que tenían que haber estado” (ver aparte).
Pese a que sólo se juzgó a los tres efectivos, en los fundamentos del fallo, el juez Picco destacó que “la familia Pomar no fue buscada como se debía” y que “los rastrillajes fueron deficientes”.
Aunque no son los montos que había solicitado (cuatro años de cumplimiento efectivo) y a que apelará la absolución de Barcos, el abogado de Robert, Aquilino Giacomelli, se mostró conforme con las condenas y los fundamentos de la sentencia, ya que se destacó la “desidia” con la que se manejaron en la búsqueda los policías, funcionarios del Ministerio de Seguridad y del Poder Judicial.
Respecto de Barcos, el letrado recordó que realizó lo que se denomina en la jerga policial un “lancheo”, es decir, ir despacio en el móvil mirando a ambos lados de la ruta y hacia delante en busca de rastros.
“Si había una impronta de frenada, como se encontró después, tendría que haberse detenido y haberla visto”, sostuvo el abogado.
En tanto, prescribió la causa contra otros efectivos imputados por omisión y violación de los deberes de funcionario público, debido a una estrategia legal de la defensa y una demora inusitada de la Suprema Corte de Justicia, explicó Giacomelli.
Uno de esos policías recibió un llamado que alertaba sobre el lugar donde estaba el auto y no le dio importancia, el 27 de noviembre de 2009, es decir, 13 días luego de la desaparición.
La familia Pomar fue vista por última vez el 4 de noviembre de 2009, cuando se trasladaban desde su casa de José Mármol, rumbo a la ciudad de Pergamino, donde planeaban visitar a sus familiares.
Como nunca llegaron, sus allegados denunciaron la desaparición al día siguiente, pero la Policía tardó 24 días, hasta el 8 de diciembre, para encontrar el auto. Una huella de doce metros de frenada sobre el asfalto debió guiar antes a los policías a los cuerpos de la familia, que rodeaban el vehículo.
“No estuvieron todos los que tenían que haber estado”
María Cristina Robert es la madre de Gabriela Viagrán, es la suegra de Fernando Pomar y la abuela de María del Pilar y Candelaria, las dos nenas que fallecieron junto a sus padres el mismo día que salieron de José Mármol rumbo a Pergamino, su ciudad natal, y que la policía demoró 24 días en hallar, entre pastizales a la vera de la ruta 31.
Tras la sentencia del juez Carlos Picco, Robert no dudó: “Son unos perejiles”, sostuvo. La mujer considera que la responsabilidad de la búsqueda fallida va mucho más allá de los tres policías juzgados. “En el juicio no estuvieron todos los que tenían que haber estado”, enfatizó.
Lo mismo cree su abogado, Aquilino Giacomelli, quien cree que otros policías, funcionarios del Poder Judicial y el Ministerio de Seguridad bonaerense –en ese momento a cargo del ahora fiscal federal Carlos Stornelli– deben dar explicaciones en la Justicia.
