La Brigada de la División de Drogas Peligrosas de la Policía Federal investigó a los miembros de una organización narco durante varios meses para llegar a ese momento en el que todo el trabajo y tiempo invertido revela su valor. Pero una mala noticia llegó días antes de concretar el operativo que coronaba la epopeya: serían enviados a delegaciones del sur del país, a cientos de kilómetros del narco que se habían preparado para atrapar. Se quejaron por lo bajo y obedecieron la sorpresiva medida.
Finalmente, el procedimiento conocido como Ave Rapaz fue ejecutado a mediados de diciembre de 2017 por una segunda brigada antinarcóticos, a cargo del subcomisario Gustavo Russo y el oficial Cristian Cóceres, con un resultado positivo: se trató de una de las mayores incautaciones de cocaína en la historia: 1.166 kilos, valuados en 6.380.000 dólares en el mercado local. En el operativo se detuvo al líder de la organización, interceptado en un galpón de La Matanza, hasta donde había llegado el camión con el cargamento ilegal.
Pero hubo más allanamientos. Los efectivos de la Brigada dirigida por Russo, que se desempeñaban en la División de Precursores Químicos y Drogas, ingresaron a tres domicilios vinculados a los narcos. Hallaron más droga y, según informaron a los encargados de la causa, 280 mil dólares.
El rumor no tardó en expandirse y llegar a oídos de los efectivos enviados al sur. El 16 de enero, cinco de ellos se presentaron en la Dirección de Investigaciones Internas del Ministerio de Seguridad, a cargo de Carlos Manfroni, redactor de la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA.
Los policías querían denunciar a sus antiguos compañeros por el robo de un millón y medio de dólares, que sus colegas habrían encontrado en una caja en uno de los domicilios allanados durante las requisas. Solicitaban la protección administrativa que garantiza el organismo creado por la ministra Patricia Bullrich en 2017.
Con la seguridad de que no serían sancionados o desplazados, dieron su testimonio a la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), bajo el mando del fiscal Diego Iglesias, con la colaboración de la Dirección de Investigaciones. Fue entonces que comenzó una segunda pesquisa destinada a desentrañar la trama de corrupción policial, que contó con la colaboración de Asuntos Internos de la Federal.
El martes pasado, Russo y Cóceres –que ingresaron a la fuerza el 15 de febrero de 1994 y el 2 de enero de 1998, respectivamente– fueron detenidos por agentes de esa área en el edificio de la División Antidrogas, ubicado en la avenida Belgrano, cuando se presentaban a su trabajo, a las 8 de la mañana. Sospechan que conocían la existencia de una alta suma de dinero en una de las viviendas que debían allanar, por lo que habrían decidido apropiarse del operativo Ave Rapaz.
Durante la investigación, se supo que la Brigada enviada al sur había sido sancionada gracias a un informe falso, que contaba con una prueba verdadera y que se elevó a sus superiores. La medida se dejó sin efecto y todos regresaron a Buenos Aires, aunque no volvieron –aún– a Drogas Peligrosas.
Otros nueve miembros de esa brigada fueron imputados, pero pese al peligro de fuga o entorpecimiento de la causa el juez federal de Salta Julio Bavio decidió dejarlos en libertad. De forma simultánea, allanaron los domicilios de cada uno de los implicados y secuestraron sus celulares.
Fuentes del caso indicaron a PERFIL que existen escuchas que complican a los dos apresados, quienes habrían comprado el silencio del resto con pequeñas porciones del botín.
La reciente compra de un vehículo, electrodomésticos, celulares de alta gama y sugestivas sumas de dinero delatan –para la Justicia– la complicidad de esos efectivos. En cambio, Russo y Cóceres no habrían realizado gastos. Creen que lo hicieron para evitar sospechas, aunque el segundo pidió el retiro, por lo que fue el único detenido en la vía pública.
La Dirección conducida por Manfroni detectó, además, evoluciones patrimoniales que no se corresponden con los salarios de los policías implicados en la causa.
Hay 350 causas por denuncias anónimas
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, eligió un cuadro técnico para poner al frente de la Dirección de Investigaciones Internas del Ministerio de Seguridad, creada en 2017 por la Resolución 984. Se trata de Carlos Manfroni, con extenso currículum vinculado al área de corrupción. Entre otras cosas, creó un manual de compras públicas en Honduras ,donde capacitó a 300 funcionarios municipales para la United States Agency for International Development.
En Argentina redactó el borrador del Código de Conducta para la Función Pública para la Oficina Nacional de Etica Pública, hoy Oficina Anticorrupción, conducida por Laura Alonso.
La Dirección a cargo de Manfroni lleva 350 investigaciones en la actualidad vinculadas a la corrupción policial, a raíz de denuncias anónimas a través de la línea gratuita 134, aunque la mayoría (más del 90%) fueron realizadas por integrantes de las fuerzas de seguridad, que solicitaron protección administrativa, una medida que impide que se tomen medidas contra los denunciantes, para enfrentar el miedo de que la acusación se torne en su contra y trunque su carrera. En un año, crecieron un 109% las denuncias.
Entre los casos que investigan, figuran el de un policía que robó 20 mil pesos a un hombre que requisó en una estación de tren que llevaba 100 mil pesos de un juicio laboral ganado. “Estos son para mí”, le dijo y se llevó parte de la suma. También tuvieron el caso de un comisario que fabricaba facturas de reparaciones de vehículos y abrió un bar en Villa Urquiza.
“Es posible por el liderazgo de la ministra, que brinda confianza y respaldo a la fuerza de seguridad y a nosotros nos da tranquilidad para investigar. Las fuerzas se están autodepurando. El 100% ya presentó sus delcaraciones juradas. Denunciar es también una forma de hacer honor a la fuerza. Que una minoría no manche a la mayoría”, reconoce Manfroni a PERFIL.
