El uso de teléfonos celulares en las cárceles argentinas está prohibido, pero cada vez más detenidos tienen acceso a uno de manera clandestina. Alrededor de ellos se genera un comercio ilegal interno, permite que bandas narco sigan operando desde el encierro y hasta abre la posibilidad de que un detenido pueda organizar su propia fuga desde adentro, como ocurrió hace 12 días en el copamiento de la comisaría de San Justo, donde una mujer policía terminó gravemente herida.
En el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), que actualmente cuenta con una población carcelaria que supera los 38 mil internos, se confiscaron más de 26 mil aparatos el año pasado, lo que representa que, en promedio, más de la mitad de los detenidos tuvo en sus manos un celular.
El plan de fuga de la seccional de San Justo es el caso más reciente de una larga lista. En diciembre pasado, por ejemplo, se desbarató a una organización vinculada a la piratería del asfalto en la que tres de sus miembros operaban desde los penales de Sierra Chica, la Unidad Penal 40 de Lomas de Zamora y la 24 de Florencio Varela. Allí, según los pesquisas, se secuestraron celulares y anotaciones de interés para la causa en las celdas de dos de ellos.
Según el reporte del SPB, en 2017, secuestraron 26.704 celulares en requisas sorpresivas realizadas en los 56 penales que tienen bajo su órbita, entre otros elementos prohibidos. Mientras que en el primer cuatrimestre de este año se confiscaron 7.822 teléfonos, según los datos a los que accedió PERFIL.
Si los agentes logran identificar a quién pertenece ese celular, a ese interno se le inicia un “parte disciplinario”. Tener este objeto es considerado una “falta grave”, mientras que el hallazgo de una faca o elemento punzante es una “falta muy grave”.
“El parte disciplinario lo que hace documentalmente es bajarle la conducta numérica que tiene el interno, y esto después le influye en los beneficios. Por ejemplo, cuando se pide la libertad condicional se solicita lo que se llama ‘concepto y conducta’ y cada parte disciplinario le hace un descuento en el puntaje de su conducta”, explica a este diario una fuente del SPB.
Los penales bonaerenses no cuentan con inhibidores de celulares, y esta situación se replica en la mayoría de las cárceles del país.
Por ejemplo, en el penal de Devoto (bajo la órbita del Servicio Penitenciario Federal) no se pudieron colocar por su cercanía a propiedades particulares. De aplicarse, los inhibidores dejarían sin señal a los presos y a los vecinos de los alrededores.
“En Marcos Paz no necesitan porque directamente no hay señal de celular”, ironiza una fuente del SPF consultada por este diario. Un caso opuesto, es el de la cárcel de Santiago del Estero que allí un juez autorizó el uso de teléfonos móviles porque el penal no contaba con teléfonos fijos y es un derecho del la persona privada de su libertad poder comunicarse con su familia.
“No existe una ley que prohíba usar celulares en los penales por eso no se puede hacer una denuncia formal al interno. Sino que se le aplica una sanción disciplinaria que afecta su calificación”, describe un agente penitenciario.
Los internos se la rebuscan para esconder los celulares de tal manera que no sean encontrados en las requisas sorpresivas que encabeza el SPB. En la Unidad 42 de Florencio Varela hallaron algunos aparatos y facas en cañerías de las cloacas y en inodoros. Allí secuestraron hasta una webcam.
“Adentro de los penales hay un mini comercio alrededor de los celulares. Las partes se venden o alquilan. El valor depende de la dificultad para ocultarlo y para ingresarlo. No es lo mismo camuflar un chip, que un celular”, explica otra fuente. Los ingresan generalmente los familiares de los internos, pero también hay algunos guardiacárceles que hacen de nexos.
En algunos pabellones solo falta instalar un stand de venta con marcas y modelos. Eso sí, nadie acepta tarjeta ni existen planes de financiación. Los internos conocidos en la jerga carcelaria como “limpieza” manejan la oferta y la demanda, según un ex convicto consultado para este informe.
“Los guardias se lo entran a los ‘limpieza’ y éste lo vende a los presos que tienen poder adquisitivo”, revela a PERFIL un ex presidiario que conoce muy bien el submundo carcelario.
Según esta fuente, las principales autoridades de los penales no participan del negocio aunque no interfieren porque “teniendo aparatos telefónicos en lugares estratégicos la población está tranquila”.
Los teléfonos públicos tampoco ayudan. Muchos no funcionan, y los que están operativos son caros. Acceder a una tarjeta tiene un costo mucho más elevado que usar un celular con tarjeta y conexión 4G. “A veces se mira, pero no se ve”, indica el mismo informante a PERFIL.
Además de obtener “dinero extra”, los celadores suelen introducir aparatos pinchados para hacer inteligencia. Obviamente, sin autorización judicial. “La inteligencia de penales, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, provee de celulares a gente que está presa para después escuchar sus conversaciones. No es inteligencia legal por pedido de un tribunal. Se los chupan a los narcos para tenerlos controlados y después caerles en las cuevas, para mexicanearlos y sacarles la droga y la plata, o para chuparles la información”, revela otro ex convicto que pasó por varias unidades del país, entre ellas Sierra Chica y Devoto.
Chips y baterías en la U-36
Efectivos del Servicio Penitenciario Bonaerense realizaron una sorpresiva requisa en la Unidad 36 de Magdalena en la que detectaron cerca de 200 elementos prohibidos, entre ellos veinte celulares.
El operativo comenzó a la medianoche y se extendió hasta las cuatro de la mañana. En total, se confiscaron 198 elementos prohibidos. Según detallaron los voceros del SPB, durante el operativo incautaron 39 objetos punzocortantes, 19 púas, 25 celulares, 31 baterías de teléfonos móviles, veinte cargadores, un cable USB, 13 chips telefónicos, tres cortantes, un sobre de marihuana, diez paquetes de psicofármacos, 12 tuqueras, veinte elementos contundentes y cuatro prendas de vestir no permitidas. El procedimiento se realizó en el área de separación convivencial, en el módulo A de la Unidad y en los pabellones 1, 2, 3, 4, 5, 7. “Con la implementación de este tipo de operativos por parte del Ministerio de Justicia provincial han disminuido notablemente los hechos de violencia en las cárceles bonaerenses”, informaron.
