En medio de un charco de sangre y con su hijo –también muerto– a sus pies. Así terminó la vida de Fabiola del Milagro Yegro y Jonathan Ojeda, acribillados por sicarios en Moreno. El único testigo de los homicidios, Gustavo Arriola, cayó en la masacre. Ocurrió el último martes de julio, cerca de las 22.30, cuando un grupo de hombres simuló un allanamiento policial e ingresó a la casa de Fabiola, pareja de uno de los jefes narcos de la zona: Carlos “Yeyé” Rodríguez Avalos, señalado por el triple crimen de diciembre pasado, la decisión que habría motivado la nueva cacería.
Los asesinatos son parte de una pelea por el territorio que se desata en la localidad del oeste del conurbano bonaerense, ubicada a unos treinta minutos de la ciudad de Buenos Aires. En lo que va del año, las autoridades cuentan al menos seis homicidios vinculados al narcomenudeo, aunque creen que la cifra podría ser mayor. Los motivos de los crímenes están ligados al control del territorio y al castigo por no rendir el dinero de la venta.
A este escenario se suman células de las villas 1-11-14 y 31 que se desplazan en busca de nuevas zonas para la venta. Grupos del barrio de Retiro, de nacionalidad paraguaya, se habrían apostado en el triángulo que forman Trujui, Cuartel V y Las Catonas, los barrios más complicados del distrito.
La semana pasada, 12 peruanos provenientes del Bajo Flores fueron detenidos en un operativo conjunto entre la policía de la Provincia y la Federal Argentina (PFA) en el que participó personal de Migraciones (ver aparte).
En la Justicia local, que debe atender la problemática, creen que la situación es “preocupante”.
Desde la fiscalía general, a cargo del ex juez de San Martín Lucas Oyhanarte, indicaron a PERFIL que le trasmitieron al gobierno nacional la necesidad de tener mayor presencia de las fuerzas de seguridad federales debido a que se encuentran “desbordados” por la situación.
Según las estadísticas, en un año se duplicaron las causas y detenciones. Las cinco fiscalías de instrucción no alcanzan a dar respuesta a una población de 700 mil habitantes, la mitad de ese número bajo la línea de pobreza.
Con este escenario, “los barrios y asentamientos se convirtieron en un caldo de cultivo para el narcotráfico”, advierten.
En 2016 se abrieron 24 mil expedientes. En el primer semestre de 2017 ya suman 16 mil, por lo que la proyección alcanza las 32 mil causas.
En cuanto al narcotráfico, aumentaron un 50% las incautaciones de droga. Por esa razón, la fiscalía general reclama más fiscales y mayores recursos.
Y a medida que la densidad poblacional sigue en aumento, los narcos avanzan. Se detectó una relación entre las usurpaciones y el narcotráfico, que no sólo toma casas a la fuerza sino que ahora también se adueña de terrenos vacíos para hacer base en la zona.
“Encontraron mano de obra, incluso: los menores dejan de asistir a clases para vender droga”, indica un investigador que conoce el funcionamiento de las organizaciones en Moreno. Si bien hay estructuras conformadas por clanes familiares, también hay bandas que encuentran personas ajenas a su círculo, dispuestas a involucrarse como soldados y dealers. Otros se encargan de hacer zanjas en las calles para evitar el ingreso de móviles policiales.
“El desorden en las líneas bajas es muy grande. Hay búnkeres, pero la mayoría vende en la vía pública, en las esquinas”, detallaron. Fuentes policiales indican que el narcomenudeo genera 500 mil pesos diarios. Principalmente, se comercializa cocaína –rebajada, de muy mala calidad, con un valor de cien pesos la dosis– y marihuana.
Y si bien en 2005 la Provincia de Buenos Aires desfederalizó la competencia para el narcomenudeo (venta de droga al por menor), la cadena siempre termina en el tráfico a mayor escala. Los fiscales reclaman que comiencen a funcionar de manera urgente la Policía Federal Argentina (PFA) y un juzgado federal.
Sucede que Moreno es también una zona estratégica para las “bajadas” de droga en camiones o avionetas, organizadas por bandas más sofisticadas. El partido, rodeado de zonas rurales, tiene además sálida rápida para la distribución hacia otros puntos del Conurbano y la Ciudad de Buenos Aires.
El último operativo contra una célula del Bajo Flores
A principio de año se detectó una banda de narcos de la 1-11-14 en Moreno. Precisamente, en el barrio San Carlos de Las Catonas.
La organización tendría vínculos con efectivos de la comisaría de la zona. Por esa razón, la fiscalía pidió intervención a la Policía Federal Argentina (PFA), bajo el mando de Néstor Roncaglia, mientras se investiga la presunta connivencia.
En marzo se realizaron allanamientos, con varios detenidos y un secuestro importante de marihuana y cocaína. Pero la banda siguió activa. La Delegación de Investigaciones de Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado de Moreno, dirigida por Gabriel Schefer, recibió más denuncias: la célula del barrio del Bajo Flores continuaba activa.
La semana pasada volvió a ser desbaratada. El operativo conjunto también tuvo detenidos, todos de nacionalidad peruana. Los narcos vendían frente al merendero Agustín Tosco, a setenta metros, donde guardaban la droga.
Los “migrantes” del barrio de Flores no lograron imponer el sistema que impera en la 1-11-14. Deben conformarse con turnos más breves en búnkeres.
En Moreno reina el desorden: a los dealers les basta detenerse en una esquina. Cuando cae uno detenido, lo reemplaza otro.
