“Alguien importante estuvo detrás de la desaparición de mi hijo. Si su cuerpo no apareció es porque alguien más poderoso estuvo involucrado. En marzo encontraron un cráneo en un basural de Pérez y en el Instituto Médico Legal, por la cuarentena, todavía no pudieron decirme si es de mi hijo o no” relata María de los Ángeles Reales, mamá de Valentín, que salió de su casa el 13 de noviembre de 2016 y nunca más se lo vio.
Cabín 9 es un barrio ubicado en la zona oeste de Rosario, en el límite con la vecina localidad de Pérez, donde habita el olvido y el narco dirime sus liderazgos. Cuatro bandas asolan el barrio dividido por las vías del ferrocarril: los Cuatreros, los Gitanos, los Pulguitas y los Stifler. Los Cuatreros se hicieron conocidos por robar caballos, organizar cinchadas y asolar las calles al galope. “Estaban en el robo de casas y venta de drogas, mi hijo Valentín, siempre le gustó el campo y los caballos y se metió con ellos. Era un chico rebelde que al que tenía que ir a buscar a la Sub comisaría 18 porque era menor. Cuando él se quiso abrir de los Cuatreros porque un primo de él estaba con los Stifler desapareció”, señala María de los Ángeles a Perfil, mientras prepara torta fritas y leche en el merendero que hace más de un año puso en su casa para transformar su dolor en caridad.
"Si su cuerpo no apareció es por que alguien más poderoso estuvo involucrado"
“El líder de los Cuatreros vivía a la vuelta de mi casa y la policía pasaba a cobrar su comisión a la vista de todos. Todo sigue igual en Cabín. Este problema de la droga no lo quieren parar porque el negocio es muy grande, mucha gente recibe su comisión. La droga destruyó todo. Hay lugares que no se puede vivir. Es tentador ganar plata fácil y cada vez son más chicos los pibes que caen en manos de bandas. Valentín sabía mucho de los manejes de ellos”, sigue la madre de otros seis hijos, tres de ellos baleados por defender a su hermano.
Dos semanas después de buscar y preguntar en los lugares que su hijo frecuentaba y mientras la comisaría no querían tomar la denuncia de desaparición, María de los Ángeles recibió a un grupo de muchachos que le dijeron que el cuerpo de Valentín estaba en un campo que frecuentaban los Cuatreros. “Era de noche y una tía de mi hijo con otras mujeres y algunos amigos fuimos a avisar a la policía. Me dijeron que no tenían móviles y fuimos igual, con las luces de los celulares. Estaba la tapera que usaban para desarmar motos y donde se reunían los Cuatreros. En ese campo se hacía y tenía un cuidador, Braulio. Llegó en un vehículo con un acompañante que yo no conocía, pero amigos de mi hijo me dijeron que había amenazado con un arma a Valentín. Al día siguiente, me tomaron la denuncia e intervino un fiscal, vinieron con perros y marcaron donde había tierra removida. Solo se encontró una zapatilla azul con un pipa naranja que confirmé era de Valentín. Los bomberos me dijeron que allí había estado un cuerpo. No tengo dudas que estuvo ahí y alguien se lo llevó. Sé que alguien importante está detrás porque Valentín sabía muchas cosas de ellos. Incluso, una vez vino el comisario con una orden a mi casa, vino de manera intimidatoria, miraba las fotos de mi hijo con detenimiento, subía el volumen de la radio…”, agregó la madre.
"Solo se encontró una zapatilla azul con una pipa naranja que confirmé era de Valentín"
Para evitar una saga de venganza, al año del hecho, el intendente de Pérez, Pablo Corsalini, consiguió que la familia Reales se mudara a unas viviendas de un barrio provincial, donde Marí, con un grupo de mujeres, desde abril del año pasado abrieron el merendero dan una copa de leche y pan o tortas fritas a 200 chicos. “Ponemos plata de nuestro bolsillo y también conseguimos donaciones del Banco de Alimentos Rosario. Me da satisfacción hacer lo que hago, me hace sentir muy bien ayudar y me desenchufo un poco de todo esto”.
El caso de Valentín Reales fue llevado ante dos instancias internacionales, la Organización de Estados Americanos y Naciones Unidas, desde la que se realizaron pedidos de informes y recomendaciones del Comité de Derechos Humanos a la Justicia santafesina en tres oportunidades, la última en noviembre de 2018, donde se califica el caso como desaparición forzada de persona y se ofreció una recompensa de un millón de pesos para quien puede aportar datos, pero hasta al momento no hubo información.
